Guerra civil de gasolineros

Ubicado en el norte del país bajo la razón social en sus estaciones de RendiChicas, el grupo ha tenido un crecimiento espectacular bajo la bandera de la honestidad.

La garantía, para el cliente que llega a sus bombas, es que puede observar nítidamente la operación.

El 95% de los despachadores son mujeres. Plantada la semilla en Tijuana, Baja California, en el 2010 con siete estaciones, Rendilitros se ha expandido a siete ciudades de tres entidades federativas: Baja California, Sonora y Chihuahua.

Sus 69 estaciones dan empleo a mil 500 personas.

El caso es que la firma encabezada por Adrián Díaz Villalobos enfrenta la hostilidad del grupo gasolinero Gasmart, con apoyo del sistema judicial de Baja California y aún de ex funcionarios de la Procuraduría General de la República.

La guerra de la firma encabezada por Alberto Uribe Maytorena y su hijo Alejandro Uribe, alcanza desde una campaña de desprestigio hasta la colocación de denuncias con apoyo de documentos falsos.

La intención es apoderarse del rival.

Y como en la guerra y el amor todo se vale, Gasmart, en alianza con Eco Gasolineras, inició una campaña de descuentos.

La acción motivó una denuncia ante la Comisión Federal de Competencia Económica, bajo la presunción de dos cargos: Colusión y desplazamiento indebido de un competidor.

El caso es que asumida la querella por la instancia, hete aquí que los verificadores que acudieron con auxilio de la fuerza pública a investigar in situ fueron retenidos y amenazados por guardias blancas. En el escenario debió intervenir el ejercito para liberarlos.

La denuncia se presentó ante el Ministerio Público de Tijuana asentada en el expediente AP/PCRIBU/Tiju.

La Cofece le impuso una multa a Gasmart como medida de apremio para no obstaculizar el proceso. En el entretanto, sin embargo, la instancia en combate a las prácticas monopólicas hizo público un documento de cara a la apertura, en el que se fijan las reglas mínimas de competencia.

El asunto podría ser uno más de los casos de influyentismo y complicidad del sistema de justicia del país, de no ser por que refleja la pobreza de nuestros empresarios para enfrentar la competencia bajo parámetros innovadores.

Aunque la posibilidad de oferta diferenciada la daría la apertura para importar, la ventaja de precio la equilibran los impuestos, en particular el IEPS, cuyo monto es de seis pesos por litro.

Mientras los grupos nacionales se pelean en el escenario de la fábula de los cangrejos a los que se coloca en una cubeta y los de abajo jalan a los que buscan la salida, está tocando la competencia real representada por marcas como Shell o Texaco.

Estas van a trabajar al estilo americano, es decir despachándose usted mismo, lo que necesariamente reducirá la nómina. La apertura total se adelantó para el año próximo.

Balance general. Aunque en la pelea están 16 tiradores entre empresas y consorcios, el grupo ICA se juega su resto con la licitación publica para la construcción de la losa de cimentación del edificio terminal del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

La firma encabezada por Bernardo Quintana pelea en alianza con la Constructora El Cajón, la Constructora y Operadora de Infraestructura, Construcciones y Trituraciones e Impulsora de Desarrolla Industrial.

El hándicap es que su oferta económica no fue la más baja. Estamos hablando de 7 mil 642 millones, frente a los 4 mil 930 millones que planteó Isolux de México en alianza con Corsán-Corvium Construcciones y Pruc Mina.

La segunda mejor postura fue de la filial en México de la española Sacyr con 5 mil 171 millones.

La propuesta más alta, 8 mil 428 millones, la presentó Gami Ingenieros e Instalaciones.

Como usted sabe, el ganador de la pelea es quien acumula más puntos incluida su oferta técnica.

De los originalmente inscritos, dos se “rajaron” a la hora de la verdad: Omega Construcciones Industriales y Constructora Garza Ponce.

Robos de película. Desatada a niveles de escándalo la ola delincuencial, a contrapelo del discurso oficial, hete aquí que uno de los objetivos recientes es la zona industrial de Tizayuca, Hidalgo.

Los robos son a gran escala.Hace unos días, por ejemplo, llegó un convoy de transportes, ejercito de personas armadas al calce, a una fábrica de ropa, llevándose 11 mil prendas.

La operación, naturalmente, implicó varios minutos, en alarde de impunidad.

Lo grave del caso es que la mercancía de las factorías de la zona, desde maquinaria y equipos, se almacena en bodegas cercanas, sin que el gobierno federal y el estatal muevan un dedo para catearlas.

La percepción de inseguridad, dice el Inegi, alcanza ya a siete de cada 10 mexicanos.

¿Tú también Gigante? Roído el país a niveles inéditos por la corrupción, están levantando la voz personajes que tradicionalmente mantenían un perfil bajo. Estamos hablando, por ejemplo, del presidente del Grupo Gigante, Ángel Lozada.

El empresario exigió al gobierno garantías jurídicas para invertir.

“Ya no puede haber esta situación de corrupción y falta de respeto a los derechos. Necesitamos un estado de derecho pleno, que no haya impunidad y que quienes hayan cometido un acto de corrupción sean castigados”.

Peñasquito regresa. Aunque la percepción generalizada habla de que eran varias las empresas transportistas las que cercaban con sus vehículos los accesos a la mina Peñasquito ubicada en Mazapil, Zacatecas, en realidad era solo una.

La firma tenía un contrato con la empresa canadiense Gold Corp, explotadora de la mina, que terminó el cuatro de septiembre pasado.

Según los directivos de la firma los camiones de la empresa que mantenía un monopolio ya no reunían las características que reclama.

El caso es que una semana después, tras el anuncio de los canadienses de que cancelarán sus inversiones en el país, la fuerza pública desalojó el bloqueo.

La firma produce 800 mil onzas de oro al año.

albertobarrancochavarria0@gmail.com