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De acuerdo a la definición aceptada internacionalmente una partera(o) profesional es una persona que, habiendo ingresado de manera regular a un programa de educación en partería debidamente reconocido en el país en que está ubicado, ha terminado con éxito el curso prescrito de estudios en partería y ha adquirido las calificaciones que se exigen para obtener legalmente el registro y/o la certificación para ejercer la partería.
Al revisar los informes anuales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sorprende identificar que desde principios de los cincuentas, en ese entonces la reciente agencia de las Naciones Unidas había establecido como una de sus principales líneas de trabajo el impulso de escuelas de partería profesional en todo el mundo.
Entonces, como en la actualidad, la mayoría de los países europeos contaban con una añeja tradición de atención obstétrica, proporcionada en una primera instancia por parteras profesionales formadas en instituciones académicas. En 1902, el parlamento inglés establece el Acta de las Comadronas, que instauró el Consejo Central de Comadronas —con autonomía e independiente del Consejo Médico—, cuya finalidad era supervisar a las instituciones que formaban parteras profesionales, establecer las bases de sus exámenes y controlar la emisión de licencias.
Este modelo de formación y atención para la salud materna se instauró en países latinoamericanos, incluido México, junto a la fundación de universidades bajo modelos europeos. Sin embargo, se fue marginando deliberadamente desde principios del siglo XX y hasta mediados del mismo siglo, principalmente por la presión de un sector importante del gremio médico y la instauración de la ginecología y obstetricia como especialidad en México, limitando gradualmente la formación y su campo de actividad en las instituciones de salud.
Consciente del abandono del modelo de partería profesional en varias regiones del mundo, en las décadas de los cincuenta y sesenta, la OMS retoma su promoción en varias regiones, incluyendo Latinoamérica. En este contexto, algunos países, por ejemplo Chile, tuvieron la capacidad de transformar sus modelos de atención.
A la fecha, varios países de América cuentan con asociaciones nacionales afiliadas a la International Confederation of Midwives (ICM); es el caso de Canadá, Barbados, Guyana, Haití, Jamaica, Suriname, Trinidad y Tobago, Estados Unidos (con tres organizaciones afiliadas), Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. México no, su sistema de salud se encuentra rezagado en esa materia.
En años recientes se ha renovado el impulso a la formación e incorporación de la partería profesional en los servicios públicos de atención médica. De acuerdo al marco legal internacional y nacional del derecho a la protección de la salud, todo gobierno está obligado a ofertar servicios de acuerdo a la mejor evidencia científica y a las mejores prácticas. ¿Será capaz el sistema de salud mexicano de implementar la partería profesional a gran escala? Esperemos que así sea por el bien de los 2 millones 200 mil mujeres mexicanas que se embarazan anualmente.
Secretario técnico del Comité Promotor por una Maternidad Segura-México
davidmelendezn10@gmail.com
