Colaboración especial

Hace unos días comenzó en Buenos Aires el juicio por el encubrimiento del caso AMIA. El 18 de julio de 1994, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) sufrió un atentado terrorista que dejó un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos. El ataque se perpetró mediante el uso de un artefacto explosivo y tuvo un efecto tan devastador que lo convirtió en el mayor ataque terrorista en suelo argentino.

En 2004, el tribunal a cargo de juzgar a los responsables del atentado anuló el caso por considerar que existió un plan para desviar la investigación. Dicho plan habría sido concebido y perpetrado por una red de funcionarios y autoridades judiciales, que incluía, entre otros, al ex presidente Carlos Menem. Hasta ahora, ninguno de ellos ha sido enjuiciado.

Así fue que comenzó una nueva investigación, ya no por el atentado sino por el encubrimiento al ataque a la AMIA. A cargo del juez federal Ariel Lijo, la etapa de investigación culminó en 2012. Sin embargo, el Poder Judicial tardó tres años en fijar una fecha para la realización del juicio oral, que estará a cargo del Tribunal Oral Federal N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires, donde finalmente se examinará la prueba y se recibirá declaración a 140 testigos.

El caso tiene una relevancia no sólo por las naturaleza de los 13 acusados sino por la gravedad de los hechos que se les atribuye. Por un lado, al ex presidente Carlos Menem se le acusa de haber desviado la investigación de la pista siria para así favorecer a Alberto Kanoore Edul. Al ex juez federal Juan José Galeano, a cargo de la investigación que luego fue anulada, se le endilga haber frenado el seguimiento de aquella pista y de luego sobornar con 400 mil dólares a Carlos Telleldín, para que incriminara a varios policías de Buenos Aires. También están acusados Hugo Anzorreguy, ex jefe de inteligencia, y un grupo de funcionarios de su entorno; comisarios de la Policía Federal; y los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.

Cada cierto tiempo pareciera que en Argentina el Estado pierde la cordura y se desvía de los fines para los que fue creado. De manera similar a lo que ocurrió durante la última dictadura militar con las violaciones masivas a los derechos humanos, el encubrimiento del caso AMIA revela la pérdida de rumbo del poder.

Esta semana comenzará un juicio donde el Poder Judicial juzgará al Poder mismo. En el banquillo de los acusados estarán un ex presidente acusado de pactar para encubrir la verdad, un juez federal que le habría pagado a un testigo para que mienta e incrimine a inocentes, y fiscales que habrían consentido ser parte de una investigación que era una farsa.

Esto, además, ocurrirá en un contexto muy particular ya que en los últimos años el Poder Judicial ha estado en el centro de la escena política. Recientemente, el escándalo de la aún irresuelta muerte del fiscal Alberto Nisman puso en jaque la relación entre el gobierno y la justicia.

Al mismo tiempo, en los últimos meses una facción de la justicia se ha enfrentado con el gobierno, tanto por el caso Nisman como por la reforma procesal penal. Vale recordar que durante la apertura de las sesiones legislativas en marzo, la presidenta Cristina Fernández criticó fuertemente a la Corte Suprema por las demoras en la realización del juicio AMIA. Con celeridad, la Corte realizó las gestiones necesarias para que la Cámara de Casación Penal fijara fecha para el juicio, ante la incredulidad de las organizaciones de familiares de sobrevivientes y víctimas quienes pese a su incansable trabajo dudaban de que alguna vez se llevara a cabo.

Dice el dicho popular que justicia lenta no es justicia y por cierto 21 años es un plazo exorbitante. Sin embargo, esperemos que esta semana, cuando comiencen las audiencias, la sociedad argentina sienta que al fin se va a empezar a esclarecer la verdad. No es posible pronosticar si habrá justicia pero al menos se comenzará a correr el velo de impunidad y oscuridad generado hace dos décadas cuando el poder, una vez más, perdió por completo el juicio.

De LatinAmericaGoesGlobal.org para Grupo de Diarios América.

Especialista en temas de reforma judicial, transparencia y Estado de derecho

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