Estados Unidos es una nación construida por migrantes, aunque entre ellos siempre ha existido una clase despreciada por los demás. En su momento fueron los irlandeses, luego los italianos, luego los chinos, ahora lo son mexicanos y centroamericanos.
Pero a diferencia de tiempos pasados de xenofobia en la Unión Americana, el odio actual se justifica menos, porque la generación de estadounidenses que hoy se opone a la presencia de latinos en su territorio tiene a su disposición la información suficiente como para comprobar que los indocumentados han beneficiado a la economía de Estados Unidos y han aportado elementos culturales invaluables.
Quizá por eso los conservadores xenófobos se aferran a la única bandera de racionalidad que les queda: la “ilegalidad” de los migrantes. Cruzaron sin permiso la frontera, dicen, por lo tanto carecen de derechos. No pueden probar que los migrantes incrementan la delincuencia, tampoco que extraen más de lo que proveen al Estado. Menos aun pueden sostener barbaridades como las lanzadas cuando reclamaban la deportación inmediata de niños indocumentados solos bajo el argumento de que eran fuente de enfermedades.
El problema con el pretexto de la ilegalidad es que no es muy convincente y es relativo; por ejemplo, hay debate en cuanto a los jóvenes que entraron a Estados Unidos en brazos de sus padres indocumentados. ¿Con qué derecho expulsarlos cuando ni siquiera fueron conscientes de su propia migración?
Sabedor de la debilidad de los argumentos conservadores —y del crecimiento del votante latino en la democracia estadounidense— el presidente Barack Obama emitió en noviembre órdenes ejecutivas para evitar la deportación de más de cuatro millones de padres indocumentados con hijos ciudadanos o residentes permanentes, una decisión histórica pues representaba casi una legalización de facto.
Desgraciadamente los conservadores no se quedaron de brazos cruzados. Poco tiempo después 26 estados bajo control republicano, liderados por Texas, recurrió al sistema judicial estadounidense, controlado también en parte por radicales de derecha, lo cual resultó apenas ayer en un bloqueo temporal de los decretos migratorios.
Todavía no se resuelve el fondo de la demanda. Sin embargo, aun si los 26 estados ganan y la histórica decisión presidencial queda moribunda, se enviará una señal clara a los cada vez más influyentes votantes hispanos en Estados Unidos de que los republicanos no los representan. Se cumpliría así el vaticinio de que nadie que condene a los latinos podrá volver a ganar la Presidencia en ese país.