Similitudes entre Tampico y la Cuauhtémoc

Con la puesta en marcha del operativo en la colonia Condesa de la Delegación Cuauhtémoc, recordé que en 2006 trabajé con dueños de restaurantes, gasolineras y de lotes de autos de Tampico, Tamaulipas para que en conjunto con el gobierno federal diseñáramos un plan de acción que, “sin ponerlos en riesgo”, pusiera fin a los problemas de violencia y extorsión que estaban padeciendo.

Los empresarios querían hacer algo para remediar la situación, sin embargo, la escasa confianza en las autoridades de aquel entonces, los orilló, paradójicamente, a mejor seguirle pagando a los delincuentes; decían “mejor les pagamos para que nos protejan de otros delincuentes”. Lamentando la decisión nos retiramos y con el tiempo y a la distancia, observamos cómo el problema se complicó, los delincuentes cada vez pedían más y la autoridad local no ha podido hacerle frente.

La similitud que encuentro ahora en la colonia Condesa con el Tampico de esos días, es que las autoridades locales afirman —como si se tratará de un mito urbano— que la extorsión no existe, porque no hay denuncias; les gusta hacer recorridos rodeados de seguridad y medios de comunicación para demostrar que la zona es segura y su estrategia es inútil, porque pretenden que con dos preguntas banqueteras a los gerentes y valet parking, ellos van a delatar a los extorsionadores. ¡Como si al hacerlo abiertamente no tuvieran un alto riesgo! ¿Acaso las autoridades desconocen que así no se atiende el problema de extorsión? Parece que sí.

No obstante como ciudadanos somos corresponsables y nos dimos a la tarea de preguntar qué pasa en la Condesa y la respuesta que dieron algunos empresarios nos dejó helados. Existe toda una maquinaria sofisticada para la extorsión a negocios, equiparable a una planta armadora de autos, con líneas de fabricación según el modelo; sólo que aquí, los dueños del negocio (la Delegación Cuauhtémoc e INVEA) no dan la cara y todo lo hacen a través de un “gestor recomendado” para que atienda de manera directa las necesidades de los locatarios mediante ciertas tarifas y según las necesidades del cliente.

El “menú” es a la carta y ofrece darles rapidez para arreglar trámites; estrategias para mantener de forma ilegal algunos servicios que requieren permisos especiales, como el pago de “enseres” (mesas en la banqueta), permitir que se fume en áreas cerradas o darles acceso a menores de edad, con una cuota bien establecida, según las necesidades, el tamaño del establecimiento y el número de locales.

Pero estos arreglos la autoridad no sólo los hace con los locatarios, seguramente también con la delincuencia organizada de la zona, ya que los restauranteros además deben soportar que jóvenes de entre 20 y 25 años vendan droga en sus establecimientos, y al que se oponga, sus empleados de seguridad se llevan una fuerte golpiza, y todos en silencio. Eso sí, la tarifa incluye que les avisen cuando viene un operativo, tal y como ocurrió la semana pasada cuando fue el procurador capitalino.

Así, las estructuras paralelas, que pueden entenderse con las burocracias políticas y torcer la ley, son un tipo de delincuencia institucional organizada a la cual, o le pagas o te dejan en la ruina. Lo paradójico es que estos empresarios prefieren entenderse con los “gestores” porque es más barato y porque en los hechos —dicen— significa un ganar-ganar.

Lo cierto es que el asesinato de un empresario desató a los demonios que controlan este corredor comercial, descobijó prácticas que muchos ciudadanos saben, pero que ninguna autoridad quiere atender seriamente. Los negocios se encuentran a dos fuegos, el de la delincuencia organizada y el de la delincuencia institucional organizada. Ojalá no suceda como en Tampico, donde muchos tuvieron que dejar sus negocios y salir a vivir fuera.

Presidenta de Causa en Común. @MaElenaMorera