Después de 17 años, la Organización de Estados Americanos (OEA) no ha logrado aprobar la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por lo que, en este tema, el hemisferio se encuentra en falta.
Sin embargo, gracias a los esfuerzos de los embajadores ante la OEA de Bolivia, Diego Pary Rodríguez, y de México, Emilio Rabasa Gamboa, y el trabajo conjunto de todo el grupo, es probable su aprobación en el próximo periodo ordinario de la Asamblea General de la OEA, a celebrarse del 13 al 15 de junio en República Dominicana.
Dicha acción es relevante, puesto que, entre el 9 y el 20 de mayo se está llevando a cabo en Nueva York, el 15° periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. Los ejes rectores del foro son más que sugerentes: conflicto, paz y resolución.
El documento introductorio del evento en Nueva York destaca que, desde su establecimiento, el Foro Permanente ha advertido un incremento en los conflictos que afectan a los pueblos indígenas en el mundo, relacionados con sus tierras, territorios y recursos naturales.
En el marco de un mundo globalizado, en muchos países latinoamericanos se han adoptado políticas que se caracterizan por la explotación intensiva de los recursos naturales. Esta política pública, conocida como neoextractivismo, afecta especialmente los territorios ancestrales de los pueblos y comunidades indígenas.
Prueba de ello son los últimos asuntos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de los pueblos Kaliña y Lokono contra Surinam, se violó el derecho a la propiedad comunal, lo cual derivó en la emisión de títulos de propiedad a personas no indígenas y el otorgamiento de concesiones para la realización de operaciones mineras en sus territorios ancestrales.
Por su parte, en el caso de los pueblos indígenas Kuna de Madugandí y Emberá de Bayano contra Panamá, se consideró violado el derecho de propiedad comunal, por el despojo de sus territorios para la construcción de una represa hidroeléctrica en la zona del Alto Bayano.
Y recientemente, fue asesinada la hondureña Bertha Cáceres, ambientalista y líder indígena, quien encabezaba un movimiento contra la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, en el río Gualcarque, considerado por el pueblo indígena Lenca como sagrado y vital para su subsistencia. Durante el desarrollo del Foro Permanente las y los indígenas buscan visibilizar el problema. No sólo son desplazados y afectados por la violencia que se ejerce en sus territorios, sino que por la situación de vulnerabilidad en la que viven, la afectación a sus derechos humanos es mayor.
Esta situación, podría poner en riesgo no sólo el reconocimiento a la autonomía y libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, alcanzados mediante el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989) y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de ONU (2007); sino el ejercicio de sus derechos específicos, como los derechos político-electorales, tema en el cual si bien ha habido avances, aún falta mucho por hacer.
En este contexto, es fundamental la aprobación de instrumentos internacionales como la Declaración Americana que, por un lado, reafirmen la autonomía indígena, y, por otro, tomen en cuenta su situación actual, lo cual es fundamental para garantizar la existencia de los pueblos originarios, así como sus tierras, territorios y recursos naturales. Quedamos al pendiente de la Declaración Americana y sus alcances.
Magistrada del TEPJF.
@MC_Alanis
carmen.alanis@te.gob.mx
