Cierta ocasión en la que como reportero judicial buscaba referentes, los hallé en Teoría del periodismo (2006): “No basta con producir científicos y filósofos o incentivar a navegantes, astronautas y otros viajeros”, reflexionaba Felipe Pena de Oliveira, “También es preciso que narren y transmitan informaciones otros miembros de la comunidad que buscan la seguridad y la estabilidad del 'conocimiento'. A eso, bajo ciertas circunstancias éticas y estéticas, puedo denominar periodismo”.

Tan alta dignidad social conferida a nuestra profesión sigue avasallándome, de modo tal que la auto observación es hoy parte de mi ejercicio periodístico —habida cuenta de mi pertenencia a un gremio profesional endogámico y autorreferencial.

Me ha llevado, además, a problematizar preconcepciones: “El periodismo es un oficio, no una profesión; se aprende en la talacha, no en la universidad”; “Si te llega una filtración, gana la nota”; “Si detienen a alguien es por algo; mi función es que todos sepan que es un delincuente”, o “Que los abogados estudien las leyes, yo soy periodista”.

Este tipo de convicciones, el predominio en las redacciones de una mentalidad conservadora y desapegada del bien común y la reforma democrática de seguridad y justicia, a las y los periodistas policiales y judiciales nos han hecho caer en obsolescencia.

A partir de los noventa del siglo XX el movimiento ciudadano por dicha reforma ha ido aglutinando a lo mejor de las mentes y espíritus de nuestra comunidad. Desde 2004 esta vibrante ola cívica genera cambios normativos cruciales, esfuerzos de reingeniería institucional y cultural de gran calado, y nuevas conversaciones.

Se trata una revolución democrática obstinada en modernizar un sistema de justicia penal caracterizado por la opacidad, el abuso de poder, la violación de derechos humanos y la corrupción, para implantar en su lugar el paradigma acusatorio —cuyo fundamento garantista sitúa a la persona en el centro de la justicia.

Mientras esta historia épica transcurre, ¿dónde hemos estado los medios y los periodistas? En general, ausentes. Y en muchos casos, como rémoras, inmersos en la decimonónica nota roja y el infoentretenimiento, empeñados en criminalizar o revictimizar personas.

Nuestra comunidad necesita comprender la violencia y la inseguridad, para actuar, fiscalizando al poder público. No podrá afrontar la violencia sin un sistema de justicia eficiente, justo y ético.

En cambio, como medios y periodistas solemos persistir en ofrecerle una versión infantilizada de la realidad, poblada por buenos y malos, inamovible y donde nuestro papel se reduce al de trasegadores de informaciones.

Una de las peores expresiones de esto son las campañas mediáticas contra el paradigma acusatorio, atribuyéndole, sin fuentes ni argumentos sostenibles, males como el de que "los delincuentes" están beneficiándose de él. Esto traiciona la veracidad, es antiético y desinforma, produciendo daño social.

Como parte de la revolución mencionada hemos trabajado una década ampliando las interlocuciones con colegas del país, buscando sobreponernos a la obsolescencia mediante el Nuevo Periodismo Judicial. Por esto asumimos que la aproximación crítica a la realidad y la fiscalización ciudadana del gobierno son nuestra obligación, pero ello no implica dinamitar el avance democrático.


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