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Basta echar un vistazo a las condiciones de pobreza que más de la mitad de la población infantil mexicana enfrenta, para asumir que es una prioridad abandonada en México. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señaló que México tiene más de 40 millones de niños, de los cuales 21.2 millones viven en pobreza y 4.7 millones en pobreza extrema. La incorporación a la escuela, el combate al trabajo infantil, así como la erradicación de la violencia que afecta de manera profunda y duradera a los niños en sus casas, sus escuelas y comunidades, son de los retos más urgentes para reducir realmente sus condiciones de desigualdad.
La situación de marginación de millones de niñas y niños en México es en parte atendida por el Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia DIF, que normalmente tiene como titulares a las cónyuges del presidente y de los gobernadores. Aunque algunos jefes del Ejecutivo han decidido otorgar el cargo a otras personas cuya trayectoria esté realmente vinculada con el desarrollo de la infancia, la mayoría deja en manos de su esposa o de algún cercano no especializado en esta función. En el caso de Peña Nieto, Angélica Rivera únicamente es acompañante como presidenta “honoraria” de Laura Vargas, esposa del secretario de Gobernación, a quien Peña Nieto designó como titular del DIF Nacional.
Entre los objetivos del DIF están la obligación de llevar a cabo acciones encaminadas a proteger a la infancia y la adolescencia, especialmente a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad; estrategias y programas en materia alimentaria encaminados a mejorar la calidad de vida de la población vulnerable; acciones y programas para rehabilitar y atender a personas con discapacidad, así como para la asistencia social de infantes y adultos de la tercera edad carentes de una familia; acciones para prevenir y atender a las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados y repatriados; asesoría jurídica y conducción del proceso de adopción, así como acciones para prevenir la discapacidad, la explotación sexual infantil, el embarazo en adolescentes y los riesgos psicosociales durante la infancia y la adolescencia.
El sitio de internet del DIF poco dice al respecto de sus funciones y servicios. Su portada, en cambio, es una muestra de lo que representan estas oficinas para las autoridades: en la primera pestaña que lleva el título del DIF Nacional, una vez que se despliega aparece el nombre de Angélica Rivera de Peña y de Laura Vargas Carrillo. Si abren la de la primera dama encontrarán una enorme foto de ella y su marido tan sonrientes como elegantes rodeados de funcionarios que les aplauden. El resto de la portada es un puñado de fotos que bien podrían aparecer en una revista de sociales. Inauguraciones en las que esposas cortan listones rosas. Los servicios quedan en el cuarto sitio de la página y ofrecen tres espacios sin información útil. De modo que más que un sitio web para servicio de la ciudadanía es una ventana publicitaria superficial e irresponsable.
Dos casos representativos del mal uso que se hace de esta institución, son por un lado Martha Erika Alonso Hidalgo, esposa del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien se separó del cargo como presidenta honoraria del patronato del Sistema Estatal DIF para contender por la Secretaría General del PAN en Puebla, pero un mes después asistió con su esposo a la inauguración de las nuevas oficinas del DIF en el estado. La confusa forma en la que combinan los intereses partidistas con la exposición de su figura en un evento social muestra cómo conciben el desarrollo de los niños como un foro para mostrar bondad filantrópica y no como un problema público que requiere estrategias integrales y cabezas profesionales de expertos que las impulsen.
Otro caso muy distinto pero que refleja el prejuicio de colocar a mujeres cónyuges en el cargo, es la reunión nacional de presidentes estatales del DIF, en la que a Rocío Beamonte, titular del DIF Michoacán, se le negó acceso para verse con Angélica Rivera, por no ser la esposa del gobernador Silvano Aureoles.
Siendo optimistas, es buen momento para aprovechar las innovaciones legales que darán vida al Sistema de Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, con las que se retiran varias de las facultades depositadas en las titulares de los DIF para concentrarlas en el Sistema. Sin embargo hay un pendiente importante que habremos de reparar con prontitud, ya que la procuraduría de protección de los derechos quedó adscrita al DIF cuando debería ser autónoma.
Lo que es necesario por lo pronto es regular para impedir explícitamente que se otorgue ese cargo a las esposas y se designen hombres o mujeres cuya trayectoria y especialidad sea el desarrollo de la infancia.
Analista política y activista ciudadana
