Ayer se cumplieron 45 años del jueves de corpus. Aún no transcurrían tres años de la matanza de Tlatelolco y de nuevo había sangre joven sobre el asfalto de la Ciudad.
Algunos de los sobrevivientes del 68 y del 71 se acogieron a la Ley de Aministía del 78 y usaron el cauce institucional que abrió la reforma político electoral del 77, pero no lograron, en las dos décadas siguientes, la investigación de los hechos. Se otorgó la amnistía a los presos políticos pero, desde el agravio, continuó la lucha por el derecho a la verdad y la no impunidad.
En 1990, se creó en la CNDH el Programa Especial sobre Presuntos Desaparecidos y, en noviembre de 2001, la propia CNDH emitió la recomendación para que el Presidente de la República “asumiera el compromiso ético y político de orientar el desempeño institucional para evitar sucesos como los ocurridos en la década de los 70”. Se recomendó la creación de una fiscalía especial que de inmediato Vicente Fox adoptó como iniciativa propia. Públicamente ya la había ofrecido. El primer caso presentado ante tribunales fue el de los hechos del 71. Se acusó a 11 personas, entre las que se encontraban Echeverría y Moya Palencia.
Como las denuncias se estaban haciendo más de 30 años después de sucedidos los hechos, había operado la prescripción por homicidio simple, así que se optó por buscar encuadrar el genocidio, lo que dificultó la estricta interpretación penal. Para el ex presidente y el ex secretario, la prescripción corría a partir de que dejaron sus cargos.
A la sentencia le siguió la apelación y luego la atracción de la Primera Sala. Quedó probado en autos el homicidio pero no el genocidio contra 12 personas. También quedó probado que el grupo de los halcones fue creado, entrenado, armado, financiado, operado, controlado y encubierto desde el aparato gubernamental y que se violaron garantías individuales a la vida, a la integridad personal, a la libre expresión, al derecho de petición y a la reunión pacífica.
Alejandro Encinas, en su carácter de jefe de Gobierno del Distrito Federal, formuló una promoción en 2006 para que la Corte empleara la facultad constitucional de investigación que entonces tenía; sin embargo, una mayoría de siete ministros la consideró improcedente. 10 años después de dictada la resolución, es muy útil saber que con ello se dio pie para abordar el derecho a la verdad en su dimensión individual y colectiva, aun reconociendo que este derecho no estaba expresamente plasmado en norma alguna.
“Al declarar la prescripción —señala el voto minoritario—, sabemos cómo actuó el tiempo en relación con los hechos pero no los hechos mismos”. El voto ayuda a diferenciar entre saber qué pasó y poder atribuir una responsabilidad a los inculpados.
No se trata, dijo la minoría, de que cada quien tenga su verdad sobre los hechos, sino de que mediante el esclarecimiento de la verdad se subsane un daño, se alivie el dolor de las víctimas y se restaure su dignidad”.
La investigación del Halconazo inició demasiado tarde. Tuvo que darse la alternancia del partido en el gobierno y la consolidación de instituciones independientes para buscar sancionar a los responsables y conocer la verdad.
En la emblemática fecha del 10 de junio, pero de 2011, se publicó la reforma constitucional en materia de derechos humanos. A partir de ahí, la facultad de investigación por violaciones graves a éstos corresponde a la CNDH, independientemente del cauce jurisdiccional.
Ya se han introducido reglas de imprescriptibilidad y se han ampliado las posibilidades de interpretación con base en Convenios Internacionales. El desafío que hoy tenemos frente a los nuevos hechos es terminar de construir el andamiaje institucional para fincar responsabilidades y garantizar el derecho a la verdad.
Directora de Derechos Humanos de la SCJN
