Derechos ciudadanos

Juan Ramón de la Fuente

En los últimos años he impulsado, con plena convicción y desde diversos espacios de la sociedad civil, algunas causas que me han parecido relevantes. Destacan tres por ser, a su vez, derechos ciudadanos:

I. Las candidaturas independientes, siempre y cuando realmente lo sean. Los partidos políticos tenían hasta hace muy poco tiempo el monopolio para decidir quién sería candidato a un puesto de elección popular. La última reforma política por fin abrió posibilidad a los ciudadanos de registrarse sin pasar por el embudo partidista. Ante el éxito de algunos de ellos en las pasadas elecciones (Nuevo León, Jalisco y Sinaloa), la reacción no se hizo esperar. En más de media docena de entidades federativas se cocinan al vapor leyes y reglamentos para dificultar al máximo dichas candidaturas. Si tales mecanismos proceden, estaremos ante un grave retroceso.

De lo que se trata es de fortalecer un sistema democrático representativo que ha perdido credibilidad, para hacerlo más abierto y transparente, no para debilitarlo. Lo que se busca es abrir opciones y ampliar la oferta política, no atajar a alguien en particular. El contrapeso, en todo caso, es para los partidos políticos, que son necesarios pero han dejado de ser atractivos para amplios sectores de la población, que prefieren votar por un candidato independiente. Quien así piense, está en pleno derecho y debe poder ejercerlo. Esa y no otra es la causa que yo defiendo. ¿Cuáles son las opciones? ¿La plaza pública? ¿El voto a mano alzada? ¿La insurrección? ¿o darle más credibilidad a nuestro sistema de representación democrática? Harán bien los partidos que escuchen sin prejuicios este reclamo ciudadano. Sospecho que el costo acabará siendo para aquellos que intenten bloquearlo.

Participé —y por supuesto firmé— en la elaboración del desplegado que se publicó en días pasados y que suscribieron más de cien personas de ideología diversa, plural, todas ellas respetables: “Por una cancha pareja para candidaturas independientes”. Con más de uno de ellos he tenido discrepancias en el pasado. Qué bueno que en este punto volvimos a coincidir. Defender esta causa no significa postularse ni avalar la postulación de otro, como tampoco lo hago para tratar de obstruirle el paso a alguien. Sería absurdo. Se trata de abrir espacios, no de cerrarlos.

Aclaro, de paso, que recientemente han aparecido algunas cuentas supuestamente mías en Twitter y Facebook relacionadas con este tema. Son apócrifas. Nada tengo que ver con ellas, ni me interesa.

II. Descriminalizar el consumo de marihuana es otra asignatura que encuentro pendiente. Creo que dicha medida puede ayudarnos a enfrentar con mayor eficacia el problema, con menos costos económicos y sociales. Mantener el esquema punitivo que ha prevalecido con tan malos resultados, no tiene mucho sustento. Se pensó, con una lógica equivocada, que si se perseguía la producción y la oferta, en consecuencia se encarecería el producto y bajaría el consumo. Pero los mercados de las drogas son otra cosa. Hoy hay más marihuana que nunca antes en la historia y su precio es cada vez más accesible. ¿Qué caso tiene perseguir a los consumidores (el eslabón más débil de la cadena) y tratarlos como si fuesen delincuentes? Las cifras disponibles son contundentes: de todos los presos federales que hay en el país, 60% lo está por delitos contra la salud. De estos, 38.5% está encarcelado por posesión simple. En más de la mitad de los casos, lo que traían era marihuana. El límite permitido en México es de 5 gramos; el límite convencionalmente aceptado a nivel internacional es de una onza (28 gramos).

La portación de substancias —aún cuando sean ilegales— para consumo personal no es constitutiva de delito. En todo caso, proteger la salud del consumidor, que es lo que debía hacerse, nada tiene que ver con ingresarlo al sistema penitenciario. Es ahí donde se vuelven criminales. ¿Tiene algún sentido sancionar el consumo sin reducir el daño? Reitero, la política vigente en nuestro país no ha servido para disminuir el consumo de marihuana. Lo que ha logrado, es limitar el derecho del ciudadano a la autodeterminación y tener en la cárcel a miles de personas (la mayoría jóvenes) que no deberían estar ahí.

Defender el derecho a la autonomía del individuo para decidir sobre su cuerpo, no significa ni ser consumidor de marihuana ni promover su uso. Una cosa es proteger la salud de las personas y otra muy distinta criminalizar al usuario. De los recursos federales asignados a la política de drogas durante 2006-2012 (más de 800 mil millones de pesos), sólo 2.91% se asignó al rubro de prevención, tratamiento y derechos humanos.

III. Morir con dignidad es otro reclamo social que gana terreno en los tiempos actuales. Los médicos se equivocan cuando no dejan que la gente se muera de su propia muerte y se empeñan en prolongar esa falsa forma de vida, que se ha vuelto la especialidad de algunos colegas, acaso vinculados al negocio de los hospitales. Encarnizamiento terapéutico, le llaman algunos. Debería prohibirse.

No es raro que el médico mienta piadosamente para confortar a sus pacientes, y acabe por ser responsable de una suerte de maltrato terminal. Morir cuando es ya inevitable, con los recursos médicos disponibles (sin dolor, con un esquema de sedación paliativa, si se requiere) puede ser un alivio, una suerte de liberación para el paciente y sus familiares. Lo verdaderamente esclavizante, lo inhumano, es una agonía prolongada, mutilante y muy costosa, en términos económicos y emocionales.

El derecho a morir con dignidad, al igual que el derecho a no tener dolor, son parte de las profundas transformaciones sociales que experimenta hoy la medicina. El soberano es ahora el enfermo, quien puede delegar en su médico algunas decisiones, siempre y cuando lo haga por voluntad propia. Defender el derecho que tenemos todos a morir con dignidad no significa ser un promotor de la eutanasia. Son dos cosas distintas. Se trata solamente de asumir dignamente el trance final al que todos llegaremos. Quien así lo piense, conviene que suscriba cuanto antes su voluntad anticipada.

En una democracia todos los ciudadanos somos políticos, me decía recientemente Fernando Savater. Tiene razón el filósofo. Impulsar causas ciudadanas es hacer política desde la sociedad.

Ex secretario de Salud

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