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Siempre es digno de reconocimiento cuando por voluntad propia se toman acciones en beneficio de una mayoría y no cuando es resultado de presiones o de exigencias específicas.
En las protestas contra el incremento al precio de los combustibles una de las demandas principales ha sido la de jalar parejo, que la alta burocracia recorte también sus gastos y renuncie a algunos de los privilegios que recibe.
Hasta ayer sólo se conocía, por parte de los funcionarios federales (de jefes de unidad a secretarios de Estado), que habrá una reducción de 10% en sus ingresos, sin que se haya precisado si será en sus sueldos base o incluirá también las compensaciones mensuales.
Ahora sabemos que el Instituto Nacional Electoral ha tomado verdaderas medidas de austeridad para 2017 ante la “coyuntura histórica difícil y compleja” de la economía del país.
Entre otras, suspender la construcción de nuevas instalaciones, para lo cual hay recursos por mil 070 millones de pesos, cantidad que será devuelta a las autoridades hacendarias con el fin de que las destine a áreas prioritarias del gasto; reducir 10% las remuneraciones de los consejeros electorales y de la Junta General Ejecutiva, y renunciar a la prestación de telefonía celular; además, ha decidido hacer público el ejercicio de su presupuesto cada trimestre y no hasta la conclusión de cada ejercicio fiscal. Añade que en febrero se presentará un paquete con medidas de austeridad adicionales.
El argumento que esgrime el INE es sencillo. Señala que para poder desempeñar cabalmente su función (organizar elecciones para la transmisión pacífica del poder) requiere de un insumo principal que es la confianza de la sociedad.
Sin acciones que demuestren que los consejeros están decididos a amarrarse el cinturón, como lo hará el resto de la población, sería difícil pensar en que obtendrán la confianza social.
Por el contrario, en la Cámara de Diputados el seguro de gastos médicos mayores para los 500 legisladores es superior en casi 17 millones de pesos al que pagó la anterior Legislatura. Cálculos de la bancada de Movimiento Ciudadano indican que se podrían ahorrar más de mil millones de pesos si dejaran de contratarse seguros de gastos médicos para servidores públicos.
Los anuncios de austeridad no pueden quedar en meras declaraciones. El lunes pasado EL UNIVERSAL dio a conocer que en 2016, la disminución del gasto no fue pareja en las dependencias oficiales. Se requieren acciones específicas, con detalles, como las enunciadas por el INE, para que la clase política recupere algo de la credibilidad perdida. Buena parte del dinero público se reparte en altos salarios y onerosas prestaciones (el llamado gasto corriente).
Otros actores como partidos políticos, los poderes Legislativo y Judicial, sindicatos que reciben recursos públicos, gobiernos estatales, deben enviar señales de austeridad. Ahora es cuando.
