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Está por cumplirse un año de que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso un paquete de iniciativas para mejorar la seguridad en el país. Esto, como respuesta al reclamo social por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Desde entonces los legisladores no han hecho más que discutir sobre el tema.
El paquete de reformas en seguridad es sólo uno de los muchos pendientes que deja el Congreso antes de irse de vacaciones de fin de año, leyes que en caso de aprobarse podrían mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Están todavía sin dictaminar las iniciativas como la ley secundaria de Disciplina Financiera (deuda de los estados y municipios); la transformación del PensionISSSTE, una eventual norma para la Seguridad Social Universal; más herramientas de combate al robo de hidrocarburos y la creación de la Fiscalía General de la República en sustitución de la PGR.
Argumentarán quizá algunos legisladores que durante el periodo ordinario de sesiones que está por terminar sí sacaron importantes cambios a la legislación y que la razón de los retrasos se debe a la saturación de temas. Concediendo que esa defensa sea cierta, ¿acaso los asuntos sin resolver no ameritan un periodo extraordinario de sesiones? No sería mucho pedirle a los diputados y senadores, dados los privilegios que les otorga su posición.
Dicen políticos y legisladores que su trabajo no se agota con el tiempo que pasan en el recinto legislativo. Aseguran que el análisis de las reformas pendientes incluye reuniones con toda clase de actores políticos y de la sociedad civil, intercambio de opiniones con sus votantes, así como trabajo con especialistas para la conformación de los documentos.
El problema es que no existe la certeza de que lo anterior sea cierto porque la ciudadanía desconoce lo que hacen día a día sus legisladores, pues no se lleva registro de las actividades de cada uno salvo que éstos quieran difundirla. De lo que sí se tiene certeza, por el contrario, es de la disciplina con la que diputados y senadores de cada partido siguen las instrucciones de sus líderes de bancada, de los gobernadores de donde fueron electos, o de otros poderes ajenos al de sus representados, los votantes.
Se supone que la reelección legislativa cambiará esa dinámica, pero la manera como dicha reforma fue elaborada (dejando en manos de las burocracias de los partidos la designación de candidatos) deja espacios para muchas dudas.
El Congreso es uno de los espacios con mayor desprestigio entre los mexicanos. Esa percepción no cambiará con spots ni con declaraciones, sobre todo mientras los legisladores sigan prefiriendo irse de vacaciones antes que atender los asuntos prioritarios para el país.
