El Conacyt pone a prueba al Poder Judicial, pues como la designación de José Antonio Romero Tellaeche como director del CIDE se dio en medio de irregularidades, la comunidad cideíta se movilizó y entre las múltiples acciones interpuso un amparo gracias a que el Juzgado Décimo Segundo en Materia Administrativa ordenó el 28 de febrero que el Consejo que encabeza María Elena Álvarez-Buylla entregue copia “certificada, clara y legible del acta formal y notariada de la formalización del nombramiento” de Romero Tellaeche. ¿Y qué hizo el Consejo? Interpuso una queja para no mostrar el Acta. Ahora un Tribunal Colegiado resolverá si el Conacyt debe exhibir el documento. Sin embargo nos recuerdan que para calmar las aguas por la crisis que generó en el CIDE, Álvarez-Buylla repitió aquí y allá que el nombramiento de Romero había sido conforme a lo estipulado en los reglamentos, ¿entonces por qué no presenta la documentación? Es otra muestra de la opacidad con la que opera el Conacyt; ya veremos qué resuelven los tribunales.
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