La del Centro de Investigación y Docencia Económica ( ) agradeció hoy, a través de un comunicado, las muestras de apoyo tras el anuncio de que las instalaciones serán resguardadas, a partir del 1 de enero, por elementos del Servicio de Protección Federal ; además, exhortó al a dar a conocer el contenido "del contrato o convenio de servicios de seguridad acordados" entre la institución y todos los otros Centros Públicos de Investigación con el servicio adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana .

El pasado 17 de diciembre la Coordinación de Administración y Finanzas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) anunció que, a partir del primero de enero próximo, la Sede Santa Fe será resguardada por el Servicio de Protección Federal "con la finalidad de salvaguardar y proteger la seguridad de la comunidad estudiantil, del personal docente y administrativo".

La comunidad estudiantil calificó la medida como "intimidatoria" y como un "desplante de autoritarismo".

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Indicaron que era de "especial preocupación" que el cambio ocurra en una fecha cuando la opinión pública y la mayoría de las autoridades se encuentran "naturalmente distraídas con el cambio de año, pero mientas los estudiantes estarán dentro del CIDE sin ninguna protección".

Por ello, anunciaron que se acercarán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos ( CNDH ) para solicitar su acompañamiento ante tal "desplante de autoritarismo". Además, hicieron un llamado a los senadores para que "condenen desde el ámbito de su representación estas acciones".

Y advirtieron: "Ninguna universidad en México cuenta con policía federal. Ningún estudiante debería luchar por su educación y seguridad".

Días después, la oficina de Amnistía Internacional en México señaló la intención de dejar a cargo del Servicio de Protección Federal los servicios de seguridad y vigilancia de las instalaciones del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) “contraviene los estándares internacionales en materia de seguridad ciudadana y Derechos Humanos DDHH”, aunque José Antonio Romero Tellaeche , designado como director de esa institución por María Elena Álvarez-Buylla , directora del Conacyt, dijo que la contratación de esos elementos es “producto de la necesidad de mantener servicios de vigilancia y resguardo.

Romero Tellaeche argumentó que “el contrato contraído con el Servicio de Protección Federal es producto de la necesidad de mantener servicios de vigilancia y resguardo, con relación al término del contrato que a la fecha se encuentra vigente, nacido de un acto previo y realizado conforme a la normatividad aplicable”.

Por ello, los estudiantes también pidieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que dé a conocer la petición que le habría hecho Romero Tellaeche para intervenir este asunto.

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"Agradecemos todas las muestras de solidaridad y preocupación que han expresado personas y organizaciones respecto al preocupante anuncio de la intervención del Servicio de Protección Federal, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en las instalaciones del CIDE a partir de enero próximo porque pone en peligro la integridad de las personas que actualmente ejercemos nuestro derecho a la manifestación en el interior del plantel", dicen los estudiantes.

También distinguieron el posicionamiento de Amnistía Internacional. Y exhortaron al Conacyt a que "publicite íntegramente el contenido del contrato o convenio de servicios de seguridad acordados entre el CIDE y todos los otros Centros Públicos de Investigación con el Servicio de Protección Federal. Particularmente, solicitamos conocer con claridad el armamento y protocolos de actuación acordados", se lee en el comunicado.

Hasta el momento los estudiantes liberaron la sede Región Centro y se mantienen en la sede Santa Fe.

melc

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