Madrid.— El impuesto a la riqueza o al patrimonio es una herramienta fiscal a la que recurren pocos países, ya que la aplicación de esta tasa es compleja y su rendimiento es escaso.
“Sólo cuatro países de los que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mantienen impuestos sobre el patrimonio como fuente permanente para captar ingresos: Suiza, Francia, Noruega y España, que recaudan apenas entre 0.2 y 0.3 décimas del PIB”, señala a EL UNIVERSAL el economista y consultor internacional Fernando Fernández.
Las modalidades de este impuesto varían según los países.
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“En Suiza tienen un impuesto al patrimonio ‘tradicional’, porque no tienen impuesto a las ganancias de capital. Es decir, en el IRPF [Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas] no tributan los ingresos por intereses, dividendos o plusvalías en la venta de acciones o títulos de valor”, explica el profesor de economía y finanzas de la escuela de negocios IE Business School (IE).
En Francia, relata, figura sólo como impuesto sobre los bienes raíces, suelo y vivienda, pero no grava los títulos o valores. En Noruega está relacionado con las regalías en el uso del suelo y las ganancias del petróleo.
En España, con la crisis de 2010, se convirtió en un impuesto permanente y recaudador, fijando el tipo en 2%.
Sin embargo, al estar transferido a las Comunidades Autónomas, éstas pueden bonificarlo.
“Este impuesto a la renta tendría que ser excepcional, ya que si lo repetimos, generamos todo tipo de distorsiones económicas”; Fernando Fernández, economista y consultor.
En todos los países en los que se aplica este impuesto patrimonial existe un tratamiento diferencial de la empresa familiar, o mejor del patrimonio familiar empresarial, para evitar su desaparición por razones fiscales, aclara Fernández.
“Las razones tradicionales para mantenerlo en los países desarrollados se justifican en el concepto genérico de justicia fiscal o solidaridad. En los países en desarrollo se suele utilizar la justificación de mejorar la distribución de la riqueza, sesgada y desigual, de los factores de producción, y contribuir a dinamizar la economía al incentivar un uso eficiente de los recursos, muchas veces ociosos”.
Voracidad recaudatoria
Fernández opina que la última razón que justifica la popularidad reciente de ese impuesto es la voracidad recaudatoria de los gobiernos, porque necesitan ingresos extraordinarios para hacer frente al brutal incremento de su deuda pública.
La tendencia internacional de los últimos tiempos, según el experto, es abandonar los impuestos al patrimonio, ya que en los años 90 había 20 países de la OCDE que tenían ese tipo de tasas y ahora apenas las conservan cuatro.
Las razones para desechar el impuesto al patrimonio, según el especialista, son básicamente porque su rendimiento es mínimo y porque cuesta definir tanto su naturaleza como su alcance.
La crisis económica generada por la pandemia y los fondos de emergencia liberados para luchar contra el Covid-19 están provocando un fuerte aumento del gasto público, endeudando a muchos gobiernos que se verán obligados a implementar severos planes de austeridad cuando amaine la tormenta.
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Estas medidas de contención presupuestaria podrían agrandar las desigualdades sociales y empeorar la situación de los grupos más vulnerables, que son los que están resintiendo en mayor grado los efectos de la pandemia. En contraste, la crisis ha procurado a escala internacional un incremento exponencial de las ganancias de grandes corporaciones, vinculadas sobre todo al sector sanitario y tecnológico. El desequilibrio social se ha hecho más evidente con la pandemia, lo que ha reactivado el debate sobre la conveniencia de gravar la riqueza o los patrimonios a fin de amortiguar las diferencias sociales más marcadas.
En este contexto deprimido, el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, pidió a los gobiernos que establezcan un impuesto para los ricos que se han beneficiado durante la pandemia a fin de reducir las desigualdades.
“Los últimos informes indican que ha habido un aumento de 5 billones de dólares en la riqueza de los más ricos del mundo en el pasado año”, dijo Guterres durante la apertura de un foro sobre financiamiento del desarrollo.
Sin embargo, este hipotético impuesto a quienes han obtenido ganancias desmedidas durante la crisis sanitaria debería tener carácter transitorio y recaer fundamentalmente sobre la renta de las personas físicas y no sobre el patrimonio, detalla el profesor del IE.
“Se propone introducir [el impuesto a la riqueza] con carácter excepcional, temporal, como un impuesto extraordinario de solidaridad. Pero es una forma muy ineficiente [de hacerlo]”; Fernando Fernández, economista y consultor.
“Siguiendo el argumento de Guterres, en términos puramente económicos, lo que se pretende en el fondo es capturar renta adicional en una situación de emergencia. Ha habido gente que ha obtenido beneficios extraordinarios en esta etapa y se busca que paguen una parte proporcionalmente mayor de la renta extraordinaria y, si apuramos, del beneficio de sociedades. Pero esto no tiene nada que ver con el patrimonio”, subraya Fernández.
“En cualquier caso, este impuesto a la renta tendría que ser excepcional, ya que si lo repetimos generamos todo tipo de distorsiones económicas. Estaríamos hablando de un sobretipo al impuesto de la renta de las personas físicas, a los propietarios de empresas que se han enriquecido de sobremanera con la crisis y no de gravar a las empresas, que en muchos casos revierten esas ganancias extraordinarias”, indica.
Dilema fiscal
En los países latinoamericanos, el dilema fiscal que suscita el impuesto a la riqueza adquiere mayores dimensiones.
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“Si la idea es redistribuir las cargas del Covid-19 de forma que paguen más los que más se han beneficiado de la crisis y que estos recursos sirvan al Estado para financiar el gasto adicional, lo técnicamente más correcto es un sobretipo en el ISR de las personas físicas a partir de determinado nivel, porque estaríamos gravando rentas extraordinarias que se han producido como consecuencia de la pandemia”, recalca el economista, luego de advertir que es iluso pensar que estos impuestos solidarios puedan compensar de manera significativa las fuertes caídas del PIB.