El presidente Peña Nieto, -durante la instalación del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales-, realizó declaraciones triunfalistas respecto al combate a la corrupción.

Sin embargo, hay casos graves donde el gobierno ha sido negligente y permisivo.

El cobro de cuotas a los 31 mil 523 jubilados de Ferrocarriles Nacionales, por parte del sindicato que dirige Víctor Flores, así como una administración opaca del fideicomiso para garantizar pensiones, hace necesario revisar jurídicamente si un sindicato puede sobrevivir aunque su patrón ya haya desaparecido.

Este fideicomiso fue creado en 1997 para garantizar los pagos de pensiones hasta 2032, constaba de 19 mil 568 millones de pesos. Sin embargo, ese dinero ha desaparecido y el gobierno federal, -con dinero de los ciudadanos-, ha repuesto el fideicomiso sin pedir cuentas al sindicato.

El caso del sindicato ferrocarrilero es similar al de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, -órgano público descentralizado, creado en 1903 y liquidado en 2009-, cuyo sindicato sobrevive bajo la tutela de Martín Esparza.

¿Por qué sobreviven éstos sindicatos?, es una pregunta que tiene una respuesta evidente.

Son un gran negocio porque poseen activos multimillonarios, consistentes en cuentas de cheques y propiedades inmobiliarias muy valiosas, que al desaparecer el sindicato, tendrían que ser repartidas entre quienes fueron sus trabajadores o pasaría a ser parte del gobierno federal, quien pagó los pasivos laborales.

Sin embargo, los líderes de estos sindicatos los usufructúan en su beneficio.

La senadora panista Adriana Dávila dijo que el sindicato que encabeza Víctor Flores ha cobrado por esas gestorías, -desde 2001 a la fecha-, más de 252 millones de pesos.

Además en 2014 el fideicomiso Ferronalesjub recibió por parte del Gobierno Federal más de 2 mil 706 millones de pesos, adicionales a los 890 millones de pesos recibidos en el primer trimestre de 2015 para pagar pensiones.

Inexplicablemente el capital del fondo previsto para garantizar pensiones hasta 2032, desapareció bajo la administración de este sindicato.  ¿Quién se quedó con ese dinero?... ¿Por qué no se deslindan responsabilidades?.

Este organismo público descentralizado, -que formaba parte de las instituciones dependientes del gobierno federal-, fue creado en 1908 para operar este sistema de transporte y desapareció en 2001.

Sin embargo, -catorce años después de su liquidación-, su sindicato sigue operando y viviendo de las aportaciones de sus jubilados.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha sido notificada por la Tercera Comisión de la Permanente del Congreso de la Unión que debe ejecutar lo dispuesto por el Poder Judicial para que se suspenda el descuento de cuotas a los jubilados de Ferrocarriles Nacionales.

Esto es un buen inicio, pero si no se empiezan a fincar responsabilidades a estos sindicatos, este negocio seguirá operando.

Quizá igual que estos dos sindicatos, haya otros en circunstancias similares, para lo cual es necesario una investigación por parte de la Secretaría del Trabajo y que jurídicamente se defina su desaparición y el destino de sus propiedades y todos sus activos.

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