La politización de la seguridad en el Estado de México

Ha resultado sencillo para muchos candidatos ceder a la tentación de ofrecer monedas de cambio vacías por el voto de la población en México. Lamentablemente, las promesas en materia de seguridad no son la excepción sino al contrario son cada vez más frecuentes debido a la crisis por la cual atraviesa nuestro país. Una de las pruebas más claras al respecto son las propuestas de los distintos candidatos que podemos leer en sus plataformas electorales o bien escuchar en sus discursos o en sus respuestas a diversos cuestionamientos durante los debates. Esto significa que la discusión sobre la seguridad se ha convertido en un elemento de confrontación política de primer orden. Los ejemplos más cercanos de esta situación son las campañas actuales para las elecciones en el Estado de México, Nayarit y Coahuila en junio de 2017.

Frente a este matiz de los contextos electorales en nuestro país, resulta pertinente cuestionarse respecto a la pertinencia e implicaciones de la politización de la seguridad sobre todo por la situación actual de México. Quizás haya quienes consideren que esto no tiene mayor impacto, sin embargo, semejante afirmación sería equívoca pues implicaría darle un sentido positivo a la definición y ubicación de la seguridad como un elemento de confrontación entre partidos políticos. Esto principalmente se debe a que este tipo de tratamiento puede derivar en discursos más que simplistas de los candidatos; mediante los cuales ofrecen soluciones sencillas, aparentemente claras y llamativas para los electores.

¿Acaso es delicada esta aproximación por parte de los actores políticos? Si analizamos críticamente la enunciación de discursos y propuestas de los candidatos, esto puede considerarse realmente delicado sobre todo tratándose de la materia de seguridad. Esta apreciación parte de que dicha aproximación simplista y superficial de los candidatos respecto a los problemas derivados de la delincuencia y la violencia será determinante su administración en caso de que resulten electos. Esto no es algo menor pues estamos hablando de acciones u omisiones que serán muy costosas debido a que se trata de afectaciones a los derechos humanos más básicos e inclusive a la vida misma de la población. Además que permite inferir un desconocimiento del contexto de la entidad federativa y una genuina falta de interés para resolver sus problemas, pese a que mediante sus discursos pregonen lo contrario.

Con la finalidad de reflejar de una manera más clara lo peligroso que resulta la politización de la seguridad, haré referencia a lo que está sucediendo en el Estado de México partiendo de mi último artículo titulado “Poquito ruido” y vacío alrededor de la seguridad en el Estado de México. En dicho texto destaqué la importancia de “tener indicios respecto a qué tanto conocen el problema de seguridad, si realmente buscan subsanar los déficits institucionales que se han mantenido desde hace décadas y atender eficientemente la compleja situación por la cual atraviesan ciertos municipios”. Asimismo mencioné que:

No es posible encontrar propuestas de acciones o de políticas públicas basadas en evidencia. En términos generales, encontramos enunciados de buenos deseos e intenciones, encontramos objetivos que son planteados equivocadamente como propuestas y encontramos el planteamiento de acciones que ya son llevadas a cabo como, por ejemplo, la aplicación de controles de confianza a los policías estatales y municipales o el establecimiento de mecanismos de denuncia ciudadana.

Si se tiene en cuenta lo referido sobre la politización de la seguridad, sus consecuencias y algunas de las propuestas de los candidatos destacadas en el artículo mencionado; ¿cómo puede creerse que la “renovación moral de la policía y ministerios públicos” es una propuesta de acción seria que efectivamente puede ser operativa y efectiva para la resolución del problema de seguridad del Estado de México? Considero que difícilmente habrá personas a las que no les resulte suficientemente claro dicho enunciado o que no les resulte algo deseable para mejorar las instituciones desde sus propios funcionarios. No obstante, este tipo de propuestas está alejando una discusión de fondo sobre el verdadero estado de la cuestión de los problemas estructurales de las instituciones de seguridad y justicia del Estado de México.

Lo mismo sucede con todas aquellas propuestas que únicamente refieren garantizar los derechos humanos, combatir la corrupción, reducir los índices delictivos, prevenir los delitos y las adicciones, implementación de mecanismos de comunicación, entre otras. Esto es sumamente preocupante porque realmente invita a que nos preguntemos si existe una verdadera voluntad por enfrentar con seriedad y profesionalismo tanto la delincuencia como los diversos tipos de violencia en el Estado de México. Lamentablemente, me atrevería a decir que no hay una respuesta positiva de dicha interrogante y que no solo está sucediendo en esta entidad federativa sino también en Nayarit y Coahuila. Inclusive me permito afirmar que esto ha sucedido desde hace varios años en México y no parece que vaya a cambiar en el futuro cercano, lo cual significa que a los actores políticos les ha resultado beneficioso tratar el tema de seguridad como una más de sus herramientas electorales, como una moneda de cambio vacía que le ofrecen a la población.

Doria Vélez

Directora de Investigación

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