La sociedad, los valores y el crimen organizado

Hace unos días llegó un testimonio al Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) proveniente de un municipio de Puebla sobre el robo de hidrocarburos que ocurre en dicha localidad. Diariamente se extraen litros de gasolina, turbosina, entre otros hidrocarburos. La organización criminal genera ingresos por dar acceso a la ordeña de combustibles. Además, en la localidad se han suscitado conductas antisociales como el consumo de drogas así como delitos graves como secuestros y desapariciones. Asimismo, la participación de los jóvenes en la organización es clave y de acuerdo con el testimonio brindado está relacionada con vínculos de familia. Por otro lado, la comunidad está dividida, unos están atemorizados por la presencia y operación de este grupo en tanto que otros la miran con cierta regularidad o esperanza ingenua pues la organización ha entregado apoyos económicos en especie. El rol del gobierno, en sus múltiples formas y atribuciones, ha quedado relegado a un segundo plano tanto por ineficacia y/o colusión como por las condiciones propias de la localidad.

Desde una perspectiva macro la incidencia delictiva en Puebla no se ha caracterizado por un incremento similar al registrado a nivel nacional en términos de los homicidios dolosos y demás delitos de alto impacto (al menos de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública). Empero, en años recientes el hallazgo de tomas clandestinas de hidrocarburos ha ido en aumento de acuerdo con los datos[1] de Pemex y PGR hasta agosto de 2014. Este delito es frecuentemente menoscabado pues la víctima resulta lejana. Parecería que al final del día solo a los gerentes y directores de Pemex les representa pérdidas económicas importantes, siendo esto falso ya que impacta a todo el país. Los efectos del robo de hidrocarburos comienzan a generar mayor diversidad delictiva y de conductas antisociales que sin duda ya han generado un cambio de valores dentro de las comunidades que lo realizan. ¿Qué tiene que ver esto con el crimen organizado? Pues en realidad mucho aunque no lo parezca.

Para un fenómeno social tan complejo como el crimen organizado nunca hay respuestas fáciles. Durante mucho tiempo se ha señalado que el crimen organizado genera un empobrecimiento de la sociedad sembrando violencia y odio.  Es bien sabido el caso de jóvenes que  fungen como sicarios sabedores que su esperanza de vida no llega al año, estando dispuestos a dejarla a cambio de ingresos, lujos, estatus u orgullo que eran impensables de otra forma. Todo esto encerrado en una frase “más vale un día rico que una vida pobre”.

Birol, Pedra y Junior[2]  (2011) presentan el caso de Brasil, donde la mafia y los narcotraficantes se convirtieron en la institución de impartición de justicia a la que recurrían los ciudadanos. A cambio, los ciudadanos no llamarían a la policía bajo ninguna circunstancia, manteniendo así la zona despejada de agentes policíacos que pudieran interrumpir las actividades del crimen organizado

Sin embargo, es necesario dejar claro que esta degradación es posible porque el tejido social fue propicio.  Ya en un artículo pasado[3] nos hacíamos la pregunta ¿Qué es necesario para que las organizaciones criminales  asuman el control de comunidades e incluso países? La respuesta está en la inefectividad del Estado y en concreto esta inefectividad se presenta en tres hechos concretos. En primer lugar, las personas se encuentran protegidas por las consecuencias de sus actos; es decir, las personas no temen romper una regla o norma ya que no serán castigados;  en segundo lugar, la probabilidad de ser atrapado es baja; en tercer lugar, los agentes pueden no tener el más mínimo deseo de cooperar o pueden sentirse ajenos a la regla. En este último caso un factor que puede desatar dicha postura es la heterogeneidad social explicada por la distancia social entre individuos con respecto al lenguaje, religión, cultura, educación, ingreso, aspectos étnicos, y/o estatus social. En suma, esto llevaría a pensar a un  individuo que la gente diferente puede ser menos confiable per se.

La heterogeneidad social tiene un papel relevante para explicar la expansión del crimen organizado como una forma de vida o si se quiere, como una cultura, entendiendo por ésta como la interpretación de la realidad y la vida.  Esto significa que las diferencias sociales marcadas por las sustanciales diferencias de ingreso y la falta de oportunidades son un caldo de cultivo fundamental.  El incremento de las tasas delictivas y de la violencia parte de un entorno que hace legítima a ésta última como un mecanismo de resolución de conflictos y para lograr prosperidad económica ya que todos los mecanismos institucionales están cerrados o bien, saturados.

En ese sentido, hablaríamos que el capital social con que cuenta una comunidad se ve afectado por la heterogeneidad.  Si bien existen diversas definiciones de capital social, para este artículo se considerará la definición de Woolcock[4] (1998) que define al capital social como las normas y redes que permiten la acción colectiva. La separación de normas y redes proviene de Uphoff[5] (1990), hablando de las primeras como manifestaciones cognitivas del capital social y las segundas como estructurales.

Como lo señalan Keefer y Knack[6] (2005), una amplia evidencia muestra cómo las normas sociales prescriben o fomentan conductas cooperativas y confiables que tienen un impacto significativo sobre las sociedades, a fin de superar obstáculos que limitan su crecimiento y desarrollo. De hecho, las normas sociales reducen el costo de vigilancia y monitoreo, ya que los individuos internalizan el valor de la regulación al seguir un comportamiento adecuado, incluso cuando la probabilidad de ser atrapado en caso de violar la norma es nula. No obstante, esta norma social puede tener acendrada ya la creencia de la violencia como forma de vida en la comunidad a raíz de las diferencias sociales. Para Coleman[7] (1990), si bien las normas no son los únicos determinantes en la toma de decisiones de los agentes, sí afecta los costos y beneficios que considera un individuo al momento de elegir.

Las redes, de acuerdo con Putnam[8] (1993) y Coleman[9] (1990), generan a través de la interacción social horizontal, normas  deseables, confianza, hábitos de cooperación, solidaridad  y  sentido social, también, como lo señalan Stolle y Rochon[10] (1998)  y Varshney[11] (2002),  sus efectos positivos dependen del propósito del grupo. De hecho, puede suceder que dentro de cada uno de los grupos segregados por etnicidad,  ingreso u ocupación  se construya cooperación  y confianza; sin embargo,  dicha confianza puede no extenderse hacia agentes externos del grupo, y en su lugar tener un comportamiento de nula colaboración y en ciertos casos, agresivo. Un factor de suma utilidad para toda forma de pensamiento que busca justificar  el odio al que es diferente y la violencia como un mecanismo que se justifica.

Berman[12] (1997) muestra un ejemplo del efecto negativo que pueden tener las redes  en la sociedad y, para ello, utilizó a la República de Weimar. Aquí la sociedad fue organizada con base en grupos que marcaban severas diferencias: protestantes burgueses, socialistas y católicos. Berman señala que cada uno tenía sus propios grupos corales musicales, grupos observadores de aves, federaciones de caza, etc. En este sentido, la vida de las asociaciones vino a escindir más a la sociedad que a resolver las diferencias. El final lo conocemos bien, la llegada del nazismo y su régimen de terror.

La heterogeneidad social no afecta solamente la construcción de normas sociales y redes sino el desempeño del gobierno. Easterly y Levine[13] (1997) encontraron que la heterogeneidad étnica estaba relacionada con bajos niveles de desempeño gubernamental. Además, Alesina, Baqir e Easterly[14] (1999) encontraron bajos niveles de provisión de bienes públicos cuando hay mayor heterogeneidad social. Keefer y Knack[15] (2005)  muestran que los derechos de propiedad son más inciertos en sociedades altamente polarizadas, considerando no solo aspectos étnicos, sino también de ingreso.

Dado este escenario se cumple lo que dice Gaviria[16] (2000),  el contacto diario con criminales adultos puede resultar en la erosión de los valores morales lo que resulta en mayor predisposición al crimen. Esta externalidad local se suma a la difusión del conocimiento criminal y a la congestión del sistema judicial (externalidad global) dando a lugar esto a una circulo vicioso donde el ambiente y las acciones criminales alimentan más acciones y se fortalece la creencia de la violencia como acción reivindicadora y forma de vida.  Siguiendo a Gaviria,  a mayor comisión de delitos violentos habrá mayor exposición a este comportamiento con base en la repetición, por otro lado, la erosión de los valores morales fomenta mayor comisión de delitos violentos lo que predispone más a la gente hacia el crimen.

¿Cómo destruir este círculo? ¿Cómo alimentar el capital social,  normas sociales y redes,  con una legítima esperanza de mejora y eliminar la creencia de que es la violencia una fuerza reivindicadora?

Una primera medida es la reducción de la heterogeneidad, apelando a mejoras en ingreso, eliminación de discriminación de cualquier tipo y creando oportunidades reales de crecimiento a todos los que conforman la sociedad. Sin embargo, para generar la cantidad de oportunidades que permitan a los jóvenes obtener ingresos similares a los que se obtienen en el sector criminal se requerirá tiempo y un incremento drástico del crecimiento económico en las siguientes décadas. No deberíamos apostarle únicamente a que estas oportunidades se den automáticamente o que vayan a generarse gracias a políticas públicas milagrosas.

Una segunda medida es la mejora en la educación en todos sus niveles y en particular en la que aporta el gobierno. Además, se deben buscar estrategias alternativas de educación como la formación dual, la cual ha tenido un excelente impacto en países que buscan responder a la falta de empleo en la juventud con buenos sueldos. Esto genera técnicos capacitados para la industria, los cuales son muy escasos en nuestra nación.

Una tercera medida es trabajar en las comunidades para reparar los daños psicológicos de sus miembros. Esto va desde los traumas que genera un ambiente donde el miedo reina, como sucede con los ex combatientes, como a trabajar con  las familias y comunidades que tuvieron la pérdida de un miembro. Buscando una reconciliación en el seno de las comunidades y hacia los que son diferentes, evitando que la revancha y la venganza reinen para así eliminar el germen de más violencia.

Una cuarta medida requiere la aplicación extensiva de leyes. Esto supone que logremos descongestionar el sistema judicial y mejorar su desempeño tanto en términos de su productividad como de sus capacidades institucionales. Por ejemplo, lograr una reforma policiaca integral, acelerar la consolidación del sistema de justicia penal, reformar el sistema penitenciario drásticamente, entre otras prioridades de política.

Es cierto que erradicar al crimen organizado en el territorio en el corto plazo no es más que una promesa vacía, pero en la medida en que se implementan las medidas enunciadas y otras más podremos dejar de observar localidades como la descrita en la introducción. Hoy Puebla pasa desapercibida en el mapa delictivo, pero testimonios revelan que detrás de la comisión del robo de hidrocarburos se gestan problemas más profundos en ciertas localidades. Esperemos no haber llegado demasiado tarde para revertir las consecuencias de esta crisis.

Hugo Fuentes - Profesor investigador del Tec de Monterrey CCM

Manuel Vélez  - Investigador del ONC

@VelezManuel @ObsNalCiudadano

[1] Entre 1997 y agosto de 2014 Pemex detectó 601 tomas clandestinas ubicándose como la séptima entidad con mayor incidencia. Por otro lado, entre 2006 y agosto de 2014 la PGR tiene conocimiento de 930 averiguaciones previas en tanto que solo han logrado 77 consignaciones durante ese periodo. Para mayor información puede consultar el documento publicado por el ONC: Robo en México: ¿Un delito cotidiano? Análisis sobre sus tendencias y desafíos.

[2] Birol, J., Pedra, A & Junior. A.D.R. (2011). The Role of Organized Crime in Informal Justice Systems: The Brazilian Case. Journal of International Security and Terrorism. 2(1): 59-80

[3] “Tamaulipas, el Estado Fallido y un viaje sin retorno” Publicado el 26 de mayo de 2016 en: http://www.eluniversal.com.mx/blogs/observatorio-nacional-ciudadano/2016/05/25/tamaulipas-el-estado-fallido-y-un-viaje-sin-retorno

[4] Woolcock, M. (1998). Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical and Policy Framework. Theory and Society. 27(2): 151-208

[5] Uphoff, N. (1990) A conceptual and empirical study of collective action for conserving and developing watersheds in Rajasthan, India. Washington, D.C: The World Bank

[6] Knack, S. & Keefer, P. (2005). Social Capital, Social Norms and the New Institutional Economics. En C. Ménard & M.M. Shirley (eds) (2005). Handbook of New Institutional Economics. Netherlands: Springer, 701-725

[7] Coleman, J. (1990). Foundations of Social Theory. Cambridge: Harvard University Press

[8] Putnam, R. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press.

[9] op. cit

[10] Stolle, D., &  Rochon, T. (1998). Are All Associations Alike? Member Diversity, Associational Type and the Creation of Social Capital. American Behavioral Scientist , 47-65

[11] Varshney, A. (2002). Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India. New Haven: Yale University Press

[12] Berman, S. (1997) Civil Society and the Collapse of the Weimar Republic. World Politics. 401-29

[13] Easterly, W. & Levine, R. (1997). Africa’s Growth Tragedy: Policies and Ethnic Divisions. The Quarterly Journal of Economics. 1203-1250

[14] Alesina, A., Baqir, R. & Easterly, W. (1999). Public Goods and Ethnic Divisions. The Quarterly Journal of Economics. 1243-1284

[15] op. cit

[16] Gaviria, A. (2000). Increasing returns and the evolution of violent crime: the case of Colombia. Journal of Development Economics.