La corrupción en México ha sido uno de los principales malestares que aqueja no sólo al Estado sino a la sociedad en su conjunto. Ha pasado a ser un problema que no extraña, a un símbolo identitario en la vida cotidiana de nuestro país.
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Se dice que existe corrupción cuando una persona, ilícitamente, pone sus intereses personales por sobre los de las personas y los ideales que está comprometido a servir. Se presenta en muchas formas y puede variar desde lo trivial hasta lo monumental, donde se suele involucrar el uso indebido de los instrumentos de política –aranceles y crédito, sistemas de irrigación y políticas de vivienda, cumplimiento de las leyes y reglamentaciones concernientes a la seguridad pública, observancia de los contratos y cancelación de préstamos– o de simples procedimientos[1].
Aquí algunos datos de cómo la corrupción ha posicionado a México en lugares poco honorables ante el mundo y lo que es aún peor, cómo ésta ha permeado en la vida de las instituciones mexicanas, socavando su credibilidad y repercutiendo en todos los ámbitos de la vida de los mexicanos.
A pesar de que se piensa que los mexicanos estamos familiarizados con la corrupción y que en el discurso popular, hay una consigna de castigar a los corruptos, llama la atención el desconocimiento que tenemos sobre el tema, sobre la cuestión de que no se trata de un delito, o por lo menos nuestro Código Penal no lo contempla así. Sin embargo puede encontrarse su esencia en algunos otros delitos contemplados, como el peculado o la extorsión o la suma de varios delitos cometidos por servidores públicos; claro, también se prevén algunas agravantes.
Un ejemplo de ello es el espíritu del Capítulo III Bis en el artículo 390 que habla de extorsión: “Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial (…) Las penas se aumentarán hasta un tanto más si el constreñimiento se realiza por una asociación delictuoso, o por servidor público o ex-servidor público, o por miembro o ex-miembro de alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas Mexicanas (...)".
Sin duda hay una serie de interrogantes por resolver, ¿se debería tipificar cómo tal la corrupción en nuestro código penal?, ¿es necesaria la creación de una fiscalía anticorrupción?, ¿bastará dicha fiscalía para remediar el problema?, ¿la corrupción es un mal cultural o de condición humana?
¿Ustedes que opinan?
[1] Klitgaard, Robert, Controlando la corrupción. Una indagación práctica para el gran problema social de fin de siglo, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1994, p. 11.
[2] Transparencia Internacional, Corruption Perception Index Brochure, 2014, p.3.
[3] Amparo Casar, María, México: Anatomía de la Corrupción, CIDE 2015, México D.F. p. 5.
[4] Ibídem., p. 14.
Vania Pérez Morales
Investigadora del Observatorio Nacional Ciudadano
@vaniadelbien @ObsNalCiudadano