La estadística delictiva, punto de salida y llegada de la política de seguridad

Los problemas en la resolución de los crímenes de Iguala y Tlatlaya, el supuesto conflicto de interés del representante del ejecutivo federal y el secretario de hacienda y la fuga de uno de los delincuentes más perseguidos del mundo, son algunos de los episodios más recientes que han venido a afectar la ya mermada credibilidad hacia la clase gobernante. Como si esto no fuera poco, los registros y las modificaciones que se le hace a la incidencia delictiva del país del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública (SESNSP) también contribuyen al cuestionamiento del quehacer gubernamental en materia de seguridad, a veces parece que en algunas entidades la reducción de la delincuencia se da en el momento de escribir la cifra y no como producto del buen proceso de elaboración y ejecución de la política pública de seguridad.

En esta infografía se mostraran a tres grupos de entidades federativas que en el 2014 en sus estadísticas muestran una serie de inconsistencias en el delito de homicidio (culposo y doloso), los cuales muchas veces más que generar certezas de los avances para reducir la violencia, lo que producen es incredulidad e incertidumbre. Las primeras entidades son aquellas que han modificado de manera importante sus cifras, las segundas que presentan problemas en la forma de clasificar correctamente el delito y en la parte final se enlistan aquellas que generan dudas en la relación número de víctimas por eventos denunciados. Se eligió al homicidio debido a que es el delito que el gobierno federal ha tomado como referencia para medir los avances de la política de seguridad.

Sobre las entidades federativas que han realizado cambios durante 2014, se encontró que en 14 realizaron modificaciones a las estadísticas sobre denuncias de homicidios dolosos y culposos. Por un lado están aquellas que registraron muy pocos cambios, tales como Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, en donde se registraron cambios no mayores a 5 movimientos. Por su parte, las entidades con cambios moderados fueron Baja California, Chiapas que en conjunto sumaron 62 movimientos a las denuncias de homicidio culposo y 31 de homicidio doloso. Por su parte, cuatro entidades fueron las que realizaron profundas modificaciones a la estadística de homicidios Jalisco al mover 53 dolosos y 29 culposos, en el caso de Sinaloa fueron 2 y 83,  en Hidalgo fueron 31 y 163, y finalmente en Michoacán se modificaron 34 dolosos y 125 culposos. Así pues, al contar con datos que reiteradamente se modifican ¿De dónde demonios se están tomando decisiones para discernir entre las acciones que mejores resultados pueden tener para reducir la violencia?

Un segundo grupo de entidades federativas que terminan por mermar la credibilidad de las cifras oficiales son aquellas que tienen problemas en la forma que clasifican los homicidios. De acuerdo al reporte del SESNSP del 20 de marzo de 2015, durante 2014 en la mitad de las entidades federativas se reportó más de un homicidio doloso en el que se desconocía las características de ocurrencia, pues fueron clasificados en la categoría de “sin datos”. Sin embargo, las entidades que más afectan a la consistencia de las cifras de la estadística sobre homicidios intencionales fueron Michoacán pues en el 41% de los homicidios dolosos acontecidos se desconoció la modalidad de ocurrencia y en Tabasco en donde en el 40% de sus averiguaciones previas por este ilícito se indicó que no se contaban con datos del cómo ocurrió. Del lado de los homicidios culposos, se encontró que el 100% de los casos denunciados en Sonora fueron colocados en la categoría de “sin datos”, en Michoacán el 98.9%, en Morelos el 63.3% y en Oaxaca el 50.85%. A partir de estas cifras habrá que preguntarles a las autoridades correspondientes ¿De todos estos homicidios en cuáles y en cuántos se tiene la certeza que ocurrieron a través de acciones imprudenciales si no se cuentan con mayores datos?

Finalmente, el tercer grupo de entidades que registran estadísticas poco confiables son aquellas que por cada evento denunciado registran una víctima de homicidio doloso y culposo, a pesar que la prensa ha dado cuenta de la ocurrencia de multihomicidios. En el caso de los homicidios dolosos se encontró que Guerrero, Sinaloa y Sonora, entidades que ocuparon los lugares 2do, 6to y 13vo en el ranking de entidades con mayor número de víctimas en 2014, respectivamente, mes tras mes reportaron que no habían ocurrido eventos en donde se cobró la vida de más de una persona. Además debe indicarse que en el caso de San Luis Potosí, en febrero de 2015 abrieron 5 averiguaciones previas de homicidio intencional sin haber encontrado el cuerpo de la víctima. Respecto a víctimas de homicidio culposo, Guerrero fue la única entidad que reportó el mismo número de víctimas y de averiguaciones previas, a pesar de ubicarse en las 10 entidades con mayor número de fallecimientos provocados por acciones imprudenciales. Cabe mencionar que si el lector requiere más información sobre las debilidades de los registros de la incidencia delictiva puede remitir al Reporte anual de la Incidencia de los delitos de alto impacto en México 2014, que se encuentra publicado en www.onc.org.mx.

En algunas ocasiones cuando se realiza el análisis de la estadística delictiva que publica mensualmente el SESNSP es imposible no experimentar confusión, molestia, frustración e incredulidad en relación a los datos que reportan cada una de las entidades federativas, pues presenta una serie de inconsistencia o irregularidades que van desde la eliminación o sumatoria de cientos o miles de registros de un mes a otro, hasta la falta de contabilización de ilícitos tan comunes o graves como lo son el robo a transeúntes y la extorsión. Tan sólo en 2014, la base del Secretariado registró 3 261 cambios en los delitos de alto impacto a nivel nacional, de los cuales 374 fueron para homicidios culposos y 170 para dolosos.

La gama de inconsistencias en estos registros podría ser una situación menor, pues podría pensarse que la preocupación se centra en un archivo digital en donde se exponen cifras, sin embargo, debe considerarse que la estadística delincuencial que reportan las autoridades estatales y federal son de una importancia medular ya que representan el inicio y el fin de un proceso de una política pública que tiene como objetivo, nada más y nada menos, regresar la paz a los mexicanos. Además no se debe olvidar que cada vez que se le agrega una cifra a la incidencia delictiva, atrás hay una serie de consecuencias físicas, emocionales y económicas para las víctimas directas, sus familias y amistades, lo cual es lo más importante de lo que nombramos de forma abstracta como “el problema de seguridad”.

Se afirma que estos datos representan el inicio para combatir la inseguridad pues a partir de estos registros, idealmente, las autoridades deberían estar elaborando diagnósticos, los cuales son el primer eslabón para la planeación y diseño de programas o políticas públicas que combatan las actividades ilícitas. En un contexto de administraciones públicas con recursos escasos, este tipo información permite tomar decisiones para priorizar y focalizar acciones para que estas últimas sean más eficientes y eficaces. Por otro lado, la estadística delincuencial oficial es el punto final de la política de seguridad pública ya que muestran los resultados, los avances o retrocesos de las decisiones tomadas, lo cual al mismo tiempo permitiría identificar la necesidad de fortalecerlas, modificarlas o sustituirlas.

En estos últimos días en los cuales se llevan cambios en el gabinete federal y se expresa el relanzamiento de la administración, también resultaría pertinente que aquellos que toman decisiones en el área de seguridad distinguieran la importancia de una estadística consistente para tomar decisiones fundamentadas y dejar de replicar o improvisar acciones ¿no lo creen?

José Ángel Fernández Hernández

Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano

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