En una reciente investigación que compara la experiencia de México y Ghana en la adopción de leyes contra la violencia hacia las mujeres, hemos mostrado que la institucionalización de la agenda de género, y del combate a la violencia doméstica en particular, se diferencia entre los 2 países por una razón principal: el pacto entre mujeres diputadas mexicanas durante la 60ª legislatura (2007-2009).
En México, el tipo de relación y de trabajo que emprendieron las diputadas hizo la diferencia, más allá de la hipótesis del número mágico que pretende demostrar que al haber más del 30% de mujeres en las instancias representativas se tiene un impacto para el avance de la agenda de los derechos de las mujeres.
De hecho, la actualidad nos confirma nuevamente que no hay una relación proporcional entre mejor nivel de representación política en las instituciones políticas, y el avance de los derechos de las mujeres: en la legislatura actual, la representación femenina en la Cámara de Diputados es de más de 30%, lo cual sitúa a México entre los países con muy buenas tasas de participación política de las mujeres. Sin embargo, los avances de la agenda de las mujeres no están a la altura y el nivel de representación de las mujeres.
¿Qué pasó en 2007 que hizo posible el avance?
Por un lado, un pacto informal entre mujeres diputadas de aprobar, más allá de las posiciones de sus partidos, todo lo que permitiera avanzar en esta agenda. Por el otro, se quedó fuera del pacto el tema de los derechos sexuales y reproductivos.
El tema de la violencia contra las mujeres es políticamente correcto y ningún partido político, incluso los más conservadores, pueden pretender públicamente que la violencia contra las mujeres es admisible. La cultura de la violación ya no es un discurso políticamente redituable. Por ejemplo, el mes pasado, Marcelino Perelló, un académico de la UNAM, ha tenido que renunciar a la docencia y a su programa de radio por su discurso de misoginia e incitación a la violencia contra las mujeres. Y en otro caso, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ha tenido que presentar disculpas por su pésimo manejo del caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio y la revictimización que le infligió a ella y su familia.
Por lo tanto, el que haya avanzado el discurso de rechazo a la violencia contra las mujeres, no significa que los derechos de las mujeres estén garantizados y respetados. La performatividad del derecho esconde las relaciones de poder. ¿Quién dice lo que es el derecho, lo que son los derechos? Y ¿cómo los hacemos realidad?
¿Cómo hacemos para que la agenda política de los derechos de las mujeres trascienda el tema de la violencia y al mismo tiempo, asegure que las mujeres ya no seamos asesinadas sólo porque somos mujeres?
¿Legislar es lo que hace falta o más bien corresponde hacer un alto en el camino y voltear a entender lo que está fallando en la implementación de las políticas públicas, para que las mujeres podamos ejercer nuestros derechos sin discriminación y en libertad?
Quizás México sea bastante diferente de Ghana a nivel federal, pero a nivel local ciertos Estados son muy parecidos en términos de falta de transparencia y rendición de cuentas, específicamente el uso de nuestro dinero para hacer realidad nuestros derechos, lo que explica el por qué los avances en los derechos de las mujeres son en realidad, mínimos.
Cécile Lachenal, coordinadora del Programa de Mujeres, Derechos y Políticas Públicas en @FundarMexico
