Hay testigos. Varias. Que vieron a Paola entrar al carro de él. Una de ellas, Kenya, fue la que la escuchó gritar su nombre treinta segundos después. Kenya fue la primera en ver a Paola ensangrentada y a él con el arma. Ella fue la que le gritó a las otras por auxilio, justo en el momento en el que iba pasando una patrulla. Los policías hicieron caso, se bajaron y finalmente lo detuvieron a él: a Arturo Delgadillo, un guardia de seguridad de 36 años con una licencia para portar un arma y utilizarla en su trabajo.

Hay, también, un video que muestra a Paola agonizando en el asiento del carro justo antes de morir.

Pero todo esto fue insuficiente para el juez Gilberto Cervantes Hernández. Dejó a Arturo en libertad “por falta de pruebas”. No me dejo de preguntar: ¿qué será suficiente para la justicia?

En un reportaje que se hizo para indican lo siguiente:

El punto clave de la decisión del juez, explica [Rocío, una compañera], estuvo en que el Ministerio Público no le brindó la información concluyente sobre el momento de la muerte, como para iniciarle a Delgadillo un proceso penal. Que sobre los hechos anteriores y posteriores a que se jaló el gatillo no tiene duda, pero que la versión del acusado es que forcejearon cuando él se dio cuenta que no era una mujer a la que había subido a su auto y que el gatillo se disparó en ese jalón.

Lo que destaca Rocío y las demás fue que la actitud del Ministerio Público, Hilarión Guerrero Sánchez, y del equipo fiscal que armó la carpeta de investigación fue de desidia hacia el caso. Como si no importara cómo lo hicieran, total nadie iba a reclamar nada. Y como el nuevo sistema penal acusatorio indica que si en la audiencia de apertura, —que es de la que hablamos— el juez no abre el proceso penal al indagado, Delgadillo en este caso, no se lo acusa de nada y sale sin cargos de ningún tipo. Eso fue lo que pasó, lo que les da coraje, lo que les da rabia. "¿Será que pueden matar a cualquier sexoservidora?", se pregunta Lupe. "¿Dónde está la justicia para los que no la pueden pagar?"

La transmisoginia. No es el primer caso que leo en el que los hombres se sienten con el derecho de agredir a las mujeres trans por “no revelarse”. No solo se sienten con el derecho, sino que se les reconoce que lo tienen. En EUA, se les ha aminorado la pena por homicidio porque es “comprensible” que sintieran tal repulsión, que perdieron los estribos. Como cuando a los hombres se les excusa(ba) matar a mujeres “infieles”, porque es tal la afrenta a su masculinidad que cómo podíamos esperar otra cosa de ellos. Como en los feminicidios, pues, en los que lo primero que se pregunta es qué hizo la mujer para provocar al hombre. ¿Hizo la cena como le gustaba? ¿Fue atenta? ¿Lo hizo enojar? El patrón es el mismo. La mujer… vive y el hombre la mata.

Y, claro, los agravantes: el “como si no importara, total nadie va a reclamar nada”. ¿Quién va a llorar por una “trabajadora sexual”? ¿Quién va a llorar por una “mujer trans”? Aquí es cuando se vuelve evidente –una vez más– cómo no somos, realmente, “personas”. Los “calificativos” importan e importan mucho para determinar quién vive y quién muere y quién es honrada después de la muerte. La muerte de quién nos importa. La muerte de quién justificamos. La muerte de quién pasa el olvido. Es el ejemplo perfecto de cómo la impunidad es producto del sistema de justicia y el social: lo que a nosotros no nos importa, a “la justicia” menos.

El caso de Paola, por supuesto, no es el único. En mayo de este año, el Transgender Law Center de la Escuela de Derecho de la Universidad de Cornell liberó . La violencia, proclama, ha ido en aumento en años recientes. Sostiene que hay una reacción al avance del matrimonio igualitario cuyos efectos están recayendo principalmente en las mujeres trans. Y la violencia proviene de los privados, por supuesto, pero también de los elementos públicos: desde policías y militares hasta el mismo aparato de justicia. Precarización, violencia, muerte e impunidad.

En esta ocasión, las compañeras de Paola, hartas, salieron a protestar. “Ni una muerta más.” Con el féretro, con el cuerpo mismo de Paola, se fueron al Puente de Alvarado donde cruza con Insurgentes, donde todo pasó. Bloquearon las calles hasta que las autoridades llegaron y las obligaron a escucharlas. Lograron ir a la Fiscalía Descentralizada a negociar. Fue ahí en donde las autoridades finalmente se comprometieron a “apelar el auto de no vinculación a proceso de Delgadillo, a brindarles medidas de protección a las chicas que son testigo del hecho y a las que han protestado; y que se les entregue el expediente del caso, al que hasta ese momento no habían podido acceder.”

Tenemos que encontrar la manera de apoyarlas. Tenemos que demostrar que esto nos importa. Que nada justifica un feminicidio. Nada.

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