Apenas tocó el timbre y desde el segundo piso del inmueble se asomaron a la calle para gritar: “¿Quién?”. No hubo necesidad de esperar respuesta al ver el garrafón. Sabían a qué iba. Enseguida entreabrieron la puerta de metal, un brazo requemado por el sol se asomó para tomar el recipiente y la orden de litros de combustible. Él pidió de “la verde”, le dijeron que esperara un momento y cerraron.

Esa fue la primera vez que José acudió a comprar gasolina robada. Eran los primeros días de 2017 y los primeros gasolinazos del mes. Sus amigos —otros operadores de transporte público como él—, le dijeron dónde comprar a siete pesos el litro, en un lugar ubicado en la delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

Tras cinco minutos, un sujeto regordete, de tez morena y de alrededor de 40 años, salió para entregarle su mercancía. El conductor nunca se preguntó de dónde provenía el combustible, sólo regresó a su vehículo y lo vació en el tanque. Es muy probable que haya salido de una de las 23 mil 237 tomas clandestinas que localizó Petróleos Mexicanos (Pemex) en el país, del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2016, de acuerdo con datos obtenidos a través de transparencia en poder de EL UNIVERSAL.

La ordeña de ductos no para de crecer desde 2007, cuando se detectaron 324 tomas clandestinas; luego se registraron 392, en 2008; 462, en 2009; 691, en 2010; mil 361, en 2011; mil 635, en 2012; 2 mil 612, en 2013; 3 mil 635, en 2014; 5 mil 252, en 2015, hasta llegar a 6 mil 873, en 2016.

El foco de atención se ha situado en Puebla, donde los enfrentamientos y operativos contra huachicoleros han sacado a la luz que este estado lidera la localización de tomas clandestinas: el año pasado detectaron mil 533, la cifra más alta en la historia. Hasta 2012, Veracruz encabezaba la ordeña de ductos, pero en los últimos años ha sido superado por Tamaulipas y Guanajuato. El Estado de México casi ha cuadriplicado su presencia en este deshonroso ranking. Y Jalisco “no canta mal las rancheras”.

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, ha declarado que este delito le cuesta al país entre 15 mil y 20 mil millones de pesos al año.

Para poner en contexto lo que representa esta cifra, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 se le destinó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 26 mil 121 millones 176 mil 542 pesos: una cifra similar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt): más de 26 mil mdp.

Empleados de Pemex involucrados

Martín Gabriel Barrón Cruz, profesor e investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), destaca que este delito está vinculado a tres vertientes: primero, “para poder mover las unidades que utiliza la delincuencia organizada; luego, en el uso de la gasolina para producción de drogas sintéticas, y en tercera instancia, para su venta”. Pero el fenómeno, destaca, data de años atrás.

“La extracción siempre ha estado ahí y ha sido una constante”, aunque para 2006 “se le sumó la delincuencia organizada”. Para hacer una extracción alguien debe conocer dónde se ubican, dónde pasan y cómo funcionan los ductos, puesto que algunos son para gas natural, gasolina, etcétera, y no se pueden mezclar.

“Los empleados de Pemex son los que conocen cómo controlar, qué herramientas usar para que no te estalle la extracción de hidrocarburos, aunque ha habido casos donde se ha presentado esto por una mala práctica, por no contar con las herramientas necesarias para poder hacer esto. Hay que vincular el fenómeno también con la propia empresa petrolera”, señala.

Tan sólo 144 trabajadores de Pemex fueron detenidos por robo de hidrocarburos de enero de 2007 a enero de 2017, según datos otorgados vía transparencia. Las entidades con mayor participación de empleados en este ilícito son: Veracruz, con 44; Tabasco, con 31; Tamaulipas, con 17; Hidalgo, con 11, y Guanajuato, con 10.

Señala que existen 164 “denuncias en las que participaron trabajadores en delitos de robo de hidrocarburo” en el mismo periodo. Es decir, en esta red de saqueos parte del enemigo está dentro de sus filas.

La Policía Federal (PF) detuvo a 2 mil 969 personas en toda la República por el robo de hidrocarburos del 1 de enero de 2007 al 8 de enero de 2017. En primer lugar se posiciona el Estado de México, con 417, le siguen Guanajuato, con 337; Puebla, con 221; Tamaulipas, con 200, y Veracruz, con 149.

El atlas de ductos

Luis Alarcón —quien pide usar nombre ficticio por seguridad—, ingeniero petroquímico y ex trabajador de Pemex del complejo Pajaritos, Veracruz, dice que la información de ductos de la paraestatal está en el “atlas de redes de ductos”. Son archivos donde vienen los planos, contienen información cifrada en códigos y también con los nombres de los productos que se manejan. Esta información no es absolutamente confidencial —añade—, son casi públicos a nivel gubernamental en los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, explica el ex empleado. Además, cuenta, a éstos también han tenido acceso empresas privadas que han construido parte de la infraestructura de los ductos de Pemex en los 15 años recientes.

La ruta del hurto de hidrocarburos

Una vez localizada la toma de Pemex, el soldador acompañado de su equipo y el material especial para evitar una ignición, comienza con la perforación para después colocar una válvula por donde va a estar circulando el combustible. A esto se le llama tapping y como mínimo de tiempo requiere de 6 a 8 horas de trabajo, pero el resultado generará jugosas ganancias para ordeñas a futuro. Tan sólo entre una y dos horas —depende la presión del ducto— la extracción será de 10 mil litros, promedio, según los cálculos del ingeniero petroquímico. Una vez extraído el combustible, se transporta en diversos vehículos hasta el consumidor final. Aunque los que tuvieron otro destino, fueron 3 mil 994 “vehículos involucrados en la posible sustracción ilícita de probable hidrocarburo” que aseguró la PF de enero de 2007 a diciembre de 2016.

Las entidades que se posicionan en los primeros lugares son: Guanajuato, con 693; Tamaulipas, con 547; Puebla, con 353; Estado de México, con 345, y Jalisco, con 212.

Alarcón explica que los ductos de la paraestatal también tienen “drenes” de una pulgada que sirve para la ordeña.

Pocos detenidos por venta ilegal de gasolina

Las ocasiones que José acudió a la casa para abastecerse de gasolina para su vehículo fueron contadas. Quien lo atendía era el mismo tipo o una señora de alrededor de 45 años. El trato con ambos era distante, buscaban interactuar lo menos posible con los clientes.

A finales de febrero fue una vez más. Al tocar la puerta nadie se asomó, tampoco le abrieron. Días después volvió, pero al llamar sólo escuchó una voz del interior que dijo “ya no hay”. Desde ese día no regresó, algo no marchaba bien, aunque nunca se enteró si los habían detenido, como ocurrió con las 615 personas arrestadas por la Policía Federal por venta ilegal de gasolina en el país de 2007 a diciembre de 2016, de acuerdo con datos de Infomex.

Por la misma causa, la PGR detuvo a 187 personas de enero de 2010 a diciembre de 2016. El chofer tampoco supo si en el lugar hubo un operativo como pasó con los 516 inmuebles asegurados por Pemex, por la venta ilegal de hidrocarburos en estos últimos 10 años. La PGR, hizo lo mismo con 46 en los 5 años recientes.

La empresa del Estado también localizó otros 62 inmuebles que fueron asegurados por el delito de “robo de hidrocarburos en su modalidad de toma clandestina” de 2007 a 2015.

El dueño no sabe que es gasolina robada

El operador de transporte público cuenta que si encontrará de nuevo lugares clandestinos para adquirir gasolina, lo pensaría dos veces. Puesto que a partir de lo que ha leído, escuchado en las noticias y las experiencias con sus amigos, la gasolina robada y a un bajo precio, no le garantiza que esté refinada. Entonces, no arriesgaría su vehículo, del que es dueño y representa la fuente de sus ingresos para mantener a su familia, porque lo podría dañar.

Prefiere pagar en una gasolinería, a comprarla en un establecimiento ilegal, aunque otros choferes como él sí lo harían, porque no tienen una obligación, no son dueños de los carros que trabajan: “Les vale, la cosa es sacar más dinero para ellos y no cuidar el bienestar del automóvil”, dice. Al final, a quien le costará arreglarlo será al dueño, y éste nunca se va a enterar que le están poniendo gasolina robada.

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