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El Partido Verde exhortó a los 32 Congresos estatales que adecuen sus legislaciones penales para que se incluya como agravante y se incremente la punibilidad para quienes ordenen a sus escoltas o personal de seguridad actos cuyos resultados desemboquen en los delitos de lesiones y homicidio.

A través del coordinador de los diputados del Verde, Jesús Sesma Suárez, destacó que la seguridad pública es la premisa general y piedra angular sobre la que descansa el respeto a los derechos humanos. Abundó que la vigencia y el libre ejercicio de estas garantías requieren un contexto en el que la vida y la integridad física de las personas, así como su patrimonio, se encuentren protegidos.

Destacó que en el país existen personas que sin haber constituido una empresa, prestan servicios de seguridad privada a particulares. Del mismo modo, existen personas que se encargan de la seguridad personal de funcionarios públicos, como es el caso del Estado Mayor Presidencial, que en primera instancia tiene como misión fundamental proteger al Presidente de la República y su familia.

También hay personal del Sistema Nacional de Seguridad Pública que presta este tipo de servicios de seguridad personal a diversos funcionarios públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“En este contexto, es de indicar que el personal que presta sus servicios de protección, custodia, salvaguarda, defensa de la vida y de la integridad corporal, tanto para funcionarios públicos, como para particulares, tiene la obligación de no incurrir en faltas de honradez, probidad y cualquier tipo de conductas ilícitas”, señaló Sesma.

En los últimos años los medios han reportado abusos de autoridad por parte de las escoltas, detalló Sesma Suárez.

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