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La justicia militar seguirá siendo férrea en la persecución de los ilícitos que cometan sus elementos, consciente de que en las tareas de seguridad pública que realiza el Ejército en apoyo a las autoridades civiles se han cometido conductas que pueden ser consideradas como delitos, aunque en algunos casos, por intereses particulares o de grupo, éstas han sido difundidas “de forma sesgada” para intentar minar la confianza de la ciudadanía en las Fuerzas Armadas.
El general de brigada de Justicia Militar, Gonzalo Corona González, director general de Justicia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en entrevista con EL UNIVERSAL, habla así por primera vez sobre la labor que se realiza en materia de impartición de justicia en el fuero de guerra, y el compromiso porque no queden impunes los casos, sobre todo, los que involucren a civiles, en medio de algunas críticas al papel del Ejército en las tareas de seguridad pública en apoyo a las autoridades civiles.
Ante la reciente entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal, que busca proteger los derechos humanos y las garantías de víctimas e imputados, detalla también la forma en que la Defensa Nacional se preparó ante el cambio para estar a la altura del desafío.
Expone, en este contexto, la importancia de las modificaciones legales al Código de Justicia Militar para la persecución de los delitos, aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó en días pasados un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra algunos de sus artículos, por lo que adelanta que la institución será respetuosa y acatará el fallo que emita el Poder Judicial Federal.
Ante casos como el de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, en el que se ha cuestionado el actuar de los militares, tajante el general Corona González señala que la Sedena no tuvo participación alguna en las agresiones contra los estudiantes.
¿General, el nuevo Sistema de Justicia Penal afecta las funciones de las Fuerzas Armadas?
—La Secretaría de la Defensa Nacional afronta todas las misiones que se le encomiendan con disciplina, legalidad y legitimidad en su actuar. Las Fuerzas Armadas siguen estando dentro de los estándares de preferencia y aceptación de la sociedad, junto con las universidades y algunas instituciones religiosas.
Sin embargo, estamos conscientes que dentro del ámbito de las operaciones que se realizan en apoyo a las autoridades de seguridad pública, se han cometido algunas conductas que pueden ser consideradas como constitutivas de delito, y otras han sido difundidas de manera sesgada por organizaciones de la sociedad civil, con intereses particulares o de grupo, en las cuales se pretende disminuir la confianza que tiene la sociedad, pero el trabajo que se tiene en las Fuerzas Armadas es lo que nos ha dado esa confianza para seguir estando dentro de la aceptación de la sociedad.
¿Qué ofrece a la sociedad la Sedena con la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, mayor respeto a los derechos humanos?
—Lo que ofrece la Secretaría de la Defensa Nacional a la sociedad es la transparencia de sus instituciones jurídicas. Que todos los hechos constitutivos de delito van a ser investigados y, en su momento, si es procedente conforme a derecho, serán sancionados. Nosotros y los órganos del fuero de guerra teníamos un índice de efectividad de 90% y 10% en los cuales se resolvía que los imputados no eran culpables o penalmente responsables, lo que quiere decir que tanto la fiscalía como los estados actuaban apegados a derecho.
Y esto no lo digo por resoluciones dentro del fuero de guerra, que podrían malinterpretarse, al decir que ellos son los mismos que se juzgan, no, en este transitar procesal los casos llegan hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del amparo, y ellos son lo que resuelven en forma definitiva las resoluciones procesales militares. Entonces, la ciudadanía puede contar con que los órganos del fuero de guerra van a seguir siendo férreos en la persecución de los delitos del orden militar y vamos a respetar a todos y cada uno de los civiles, y cuando ellos se encuentren implicados en alguna conducta de delito, vamos a declinar la competencia, como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia.
¿Cuáles son los principales delitos que cometen los elementos?
—El principal delito que se tiene en la estadística criminal, es la desobediencia. Algunos elementos por naturaleza humana han llegado a cometer algunas conductas en las que se les ha ordenado no incurrir, se les ha adiestrado para ello; a veces, por el fragor del enfrentamiento con las organizaciones delincuenciales toman decisiones. Hay un autor, un estratega alemán que se llama Clausewitz, quien dice que en el fragor del combate se toman decisiones de vida o muerte, y esas no siempre son las más adecuadas. Eso es a lo que se enfrentan los mandos territoriales, los de unidades en el enfrentamiento con organizaciones criminales. Ellos agreden y disparan libremente para abatir al personal militar, y el personal militar y policial tiene que seguir todo un protocolo de actuación. Somos Fuerzas Armadas, nos tenemos que identificar e ir en forma gradual aplicando el uso de la fuerza, son cosas muy distintas; sin embargo, para eso se arriesga al personal, exponen su vida en beneficio de la sociedad.
En el caso de delitos civiles, ¿cuáles son los que más comenten los elementos?
—Es homicidio, no del carácter doloso, sino imprudencial, porque dentro de los enfrenamientos y repeliendo a la delincuencia hay algunos impactos que han pegado lamentablemente en integrantes de la sociedad. Ese es uno de los delitos por los que comúnmente se investiga al personal militar. También en el caso de lesiones y daño en propiedad ajena.
¿Se protege más a una persona que comete delitos que al personal militar que se encarga de combatir al crimen organizado?
—Con el nuevo Sistema de Justicia Penal nadie es responsable hasta que se tenga una sentencia, por lo tanto, ellos tienen un poquito más de garantías que se les deben de respetar hasta que se resuelva que es el autor de un delito. El personal militar garantiza el funcionamiento de la sociedad y de las instituciones, porque no hay un hecho en el cual el personal haya incursionado para agredir a una organización, al contrario, siempre hemos sido agredidos y hemos repelido las agresiones.
Si la Sedena hubiera tenido la facultad de decidir hacer el cambio al nuevo sistema de justicia, ¿lo hubiera hecho?
—Nosotros tenemos un sistema oral establecido desde 1933, en el que todos los principios que ahora van a regir al nuevo Sistema de Justicia Penal, como es la publicidad, la concentración, la controversia, se respetaban desde esa época en los consejos de guerra. La inmediatez en la que estuviera presente el juez, que concentrara todas las causas que se venían realizando; sin embargo, la Sedena tiene que dar cumplimiento a los mandatos constitucionales. Pudimos habernos quedado como estábamos, con el fuero de guerra, pero para armonizar con el fuero común y el nuevo sistema de justicia tuvimos que hacer las reformas, todo ello se hace en beneficio de la sociedad, para mantener la disciplina institucional.
¿Los cambios afectan el rendimiento de las Fuerzas Armadas o su capacidad operativa?, porque se van a tener que adecuar algunas leyes militares con las civiles para evitar violaciones a los derechos humanos.
—Todos los cambios jurídicos tienen una implicación de ajuste, se está aplicando el Sistema de Justicia Penal con todas sus modalidades de jueces de Control, de Tribunales de Juicio Oral; en lugar de averiguaciones previas hay carpetas de investigación, claro que si hay algún desfase, pero con la capacitación que se le ha dado al personal va a ser mínimo y, al mismo tiempo, para las unidades operativas será importante que conozcan el nuevo sistema en virtud de que al apoyar a las autoridades de seguridad pública tienen que conocerlo.
Construyen 63 instalaciones
¿Cuándo inició la transformación en la Sedena para el nuevo sistema?
—El impulso real de la aplicación dentro del fuero de guerra fue en la presente administración, por ejemplo, se construyeron 63 instalaciones para implementarlo, se ha capacitado a 153 mil elementos de las Fuerzas Armadas en el nuevo sistema, de los que dos mil son capacitaciones dirigidas a los usuarios y operarios del sistema de justicia, es decir, magistrados, ministerios públicos, defensores, peritos y Policía Ministerial Militar. Se generaron cinco ejes rectores para su concreción: armonización normativa, reorganización institucional, capacitación, difusión e infraestructura.
¿Cómo se modificó la infraestructura de las Fuerzas Armadas para el nuevo Sistema de Justicia?
—Se construyeron instalaciones en las que destaca la Fiscalía General de Justicia Militar, el ahora denominado Tribunal Superior de Justicia Militar tuvo algunas adecuaciones para su sala de audiencias, el Cuerpo de Defensores de Oficio también; se construyeron 33 Centros de Justicia, en los que se va a concentrar el personal del Ministerio Público y de defensores para iniciar la primera etapa de investigación de los delitos, donde se van a integrar las carpetas de investigación. También se construyeron juzgados de Control y de Juicio Oral, así como los juzgados de Ejecución, los Centros de Reinserción Social dentro de las tres prisiones militares que tenemos en la Ciudad de México, en Zapopan, Jalisco, y Mazatlán, Sinaloa.
¿Cuántas leyes o artículos tuvieron que modificar para el nuevo sistema?
—El Código de Justicia Militar cuenta con tres libros, que son la parte orgánica y procedimental. Lo que se modifica es el libro tercero, que es la parte de procedimiento del nuevo sistema que se ajusta a las reformas de 2008, y en la medida para mantener la disciplina militar y la cohesión institucional se van ajustando a lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Lo más trascendente para el fuero de guerra es que el Tribunal Superior de Justicia sigue siendo una institución de segunda instancia en la cual su presidente es un militar de arma. En este tribunal, anteriormente, todas sus actuaciones eran en un pleno en el que se reunían el presidente y los cuatro magistrados para resolver todos y cada uno de los asuntos que tenían a su consideración. Ahora, el Supremo Tribunal va a actuar en pleno y en salas. En el pleno para todos los asuntos de sentencia, y en salas para todas aquellas apelaciones sobre la manera en que el juez haya resuelto atender o no la petición de alguno de los procesados o del Ministerio Público, todo eso se va a resolver en salas.
La Procuraduría de Justicia Militar era el asesor jurídico de la Secretaría de la Defensa, ahora deja esa función y se convierte en Fiscalía General de Justicia Militar, por lo que se va a abocar en investigar y perseguir los delitos del orden militar. Todas las funciones que tenía la fiscalía van a pasar a una Unidad de Asuntos Jurídicos, que será la asesora de la Sedena y su representante legal en todos los asuntos de litigio.
¿Con el nuevo sistema se mantiene más control sobre los militares?
—No, estas reformas no imponen un carácter de supervisión más estricto, eso siempre lo hemos tenido en las Fuerzas Armadas. En la Sedena respetamos las leyes federales, las leyes comunes de cada estado, y las militares, es decir, estamos sujetos a los tres fueros. En un supuesto de 2014, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación acotó el fuero militar, y en todos aquellos asuntos en los que esté involucrado un civil ya no somos competentes y se declina la competencia al fuero federal o común de cada una de las entidades federativas. Estas modificaciones son asentar que se debe de mantener la disciplina y la cohesión institucional, puesto que el bien jurídico tutelado de todos y cada uno de los delitos militares es la disciplina militar.
¿Las Fuerzas Armadas del país están a la vanguardia?
—Sí, consideramos que con la capacitación que se ha mantenido, y el respeto que se tiene por parte de las Fuerzas Armadas a las instituciones de gobierno del país y, sobre todo a la legislación civil, federal y militar, seguimos teniendo un alto índice de respeto y cumplimiento a las leyes.
La CNDH presentó una acción de inconstitucionalidad a diferentes artículos del Código de Justicia Militar al considerar que violan garantías y tratados internacionales, ¿cuál es la posición de la Sedena ante esta demanda?
—La posición de la Secretaría de la Defensa siempre es de respeto hacia las opiniones de otras instituciones, pero también estamos conscientes que todas las modificaciones normativas que hizo el Congreso, a través de Cámara de Diputados y del Senado, para modificar el Código de Justicia Militar, están apegadas a la Constitución. Por ejemplo, los cateos, las llamadas telefónicas, eso está señalado en el artículo 16 constitucional, no sé por qué puede ser anticonstitucional. Nosotros tenemos una jurisdicción especial. Ningún militar se beneficia del fuero de guerra, al contrario, es una jurisdicción especial en que se le va a juzgar con el rigor de las leyes militares, es decir, darle a cada quien lo que le corresponde.
Por lo que respecta a los cateos y a las llamadas telefónicas y la cita de personas civiles, está señalado en el código en apego al marco constitucional. Si vemos el artículo 16 se tienen que reunir los requisitos procesales para que se otorgue una orden de cateo o una intervención de llamadas telefónicas. Vamos a aclarar, están encaminadas y señaladas exclusivamente para las autoridades militares en la persecución de delitos, para las autoridades de procuración de Justicia, no para el Ejército en general, y esa es la manera en que he leído algunos artículos, y es como lo están distorsionando.
El Ministerio Público Militar, para solicitar la intervención de una llamada telefónica o de cualquier vía de comunicación, el único constitucionalmente facultado para autorizarlo es un juez federal, por lo tanto, qué tiene que hacer un Ministerio Público, solicitar al juez federal la intervención, y éste tiene sus requisitos, no nada más, es decir, quiero intervenir llamadas telefónicas de celular o fijo, o mensajes de correo electrónico. El juez federal me dice: ‘Primero me tienes que especificar y aclarar por qué quieres esa intervención, qué elementos tienes, a quién se le va a intervenir, durante cuánto tiempo, qué pruebas tienes para autorizar ese tipo de llamadas, si no se reúnen esos requisitos ante el juez federal, el Ministerio Público está impedido a realizarlo’.
Sedena respeta decisión de la Corte
En caso de que la Corte ordene que las Fuerzas Armadas tienen que hacer modificaciones a sus leyes, ¿estarían dispuestos a realizarlas?
—En 2014, a través del caso Rosendo Radilla, se acotó el fuero de guerra y la Sedena siempre ha sido respetuosa de las resoluciones judiciales de la Suprema Corte. Si emite una determinación, sea por vía de tesis jurisprudencial que tengamos que acatar lo vamos a hacer sin ningún problema, no nos vamos a poner a litigar esa resolución. Sabemos que las resoluciones de la Corte son inapelables, inatacables, por lo tanto, deben de ser respetadas por la autoridad. Si hay una institución que tiene una verdadera legalidad y legitimidad en su actuación, son las Fuerzas Armadas.
¿Los cambios acotan el actuar de las Fuerzas Armadas al momento de combatir al crimen organizado?
—En el caso de que se acotara alguna de las facultades de las Fuerzas Armadas por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el impacto es para la sociedad, puesto que están para servir a México, no tienen otro interés más que el que la ciudadanía este tranquila, que se encuentre dentro de su estado de libertad ejerciendo sus derechos para poder progresar.
En la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los padres pidieron que personal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se entrevistara con militares. ¿Por qué no se ha permitido?
—La Sedena siempre ha sido respetuosa y colaboradora de las instituciones, y la institución responsable de investigar y perseguir los delitos es el agente del Ministerio Público. En este caso, por tratarse de una investigación que le corresponde a la Procuraduría General de la República, el responsable de investigar y cuestionar al personal es el agente del Ministerio Público federal, ante el cual ha acudido el personal militar que ha sido citado. El grupo de expertos no tiene la investidura y la capacidad ni la facultad jurídica para venir a interrogar a ningún ciudadano mexicano. Ellos estaban colaborando y contribuyendo con la investigación a través del Ministerio Público, pero se quisieron abrogar esa facultad y exigían que fueran abiertas las puertas de la unidad militar, que siempre han estado abiertas, como para los paseos dominicales.
¿Hay algún elemento que estén investigando por lo de Ayotzinapa?
—No, porque en realidad la Sedena fue ajena a esos hechos, no tuvo ningún tipo de participación. Al contrario, sí hubo un oficial con elementos de tropa que acudieron a un hospital para preguntar si estaban algunos estudiantes lesionados, y los normalistas mencionaron que ya eran atendidos. Esa era la preocupación del personal militar. Preguntaron [soldados] si necesitaban algo, y dijeron que no. Se retiró el personal militar. Esa es la supuesta participación, atender una ciudadanía, garantizarles sus derechos y preocuparse por ellos, ¿ese es un delito?, pues no lo creo.
