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Un juez federal dictó auto de formal prisión en contra de dos peritos en electrónica y telecomunicaciones, por su probable responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público, derivado del extravío de 46 teléfonos celulares que les entregaron para su resguardo, informó la Procuraduría General de la República (PGR).
La resolución fue dictada por el juez Décimo Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, Manuel Muñoz Bastida, el pasado 16 de mayo, por lo que dos de los cuatro peritos vinculados con este caso fueron detenidos e internados en el Reclusorio Oriente para enjuiciarlos.
Según el expediente, el 25 de julio de 2008, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) solicitó cuatro peritos en electrónica y telecomunicaciones para que emitieran un dictamen sobre los contenidos y registros de 353 teléfonos celulares que formaban parte de una averiguación previa.
Les entregaron los equipos móviles para su custodia, pero el 6 de julio de 2009 se percataron de que habían desaparecido 46 teléfonos de los 353 que les dio el Ministerio Público Federal dentro de la indagatoria.
Al realizar su reporte, el fiscal encargado dio vista del caso a la Visitaduría General de la PGR para que se realizara una indagatoria. Tras varios intentos fallidos, la PGR logró que un juez federal girara la orden de aprehensión en contra de los cuatro servidores públicos involucrados, pero sólo dos han sido localizados y detenidos, mientras que los otros están prófugos.
Antes de que se dictara esta resolución favorable a la PGR, la Visitaduría General había sufrido un doble revés por parte de otros impartidores de justicia. El 18 de marzo de 2010, un juez de procesos penales federales negó la orden de aprehensión en contra de los servidores públicos implicados con el argumento de que la autoridad no acreditó el cuerpo del delito.
Inconforme, la PGR presentó una apelación ante el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, órgano que el 8 de noviembre de 2010 confirmó el fallo adverso.
Tras subsanar los errores cometidos en su primer intento, la Visitaduría General de la PGR volvió a presentar el expediente ante un juez federal y logró el pasado 11 de mayo que se librará la orden de aprehensión por el delito de ejercicio indebido de servicio público en contra de los cuatro peritos implicados. Por el momento, sólo dos de ellos han sido detenidos.