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Los últimos tres militares que estaban en prisión inculpados por la muerte de civiles en una bodega del municipio de Tlatlaya, Estado de México, en un incidente ocurrido el 30 de junio de 2014, fueron exonerados por un tribunal federal que desestimó las pruebas que aportó la Procuraduría General de la República (PGR) en su contra.
Con el fallo del Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito a favor de Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, quedan en libertad los ocho militares que en su momento fueron acusados —tanto en el fuero castrense como civil— por la muerte de siete personas después de un enfrentamiento.
Estos tres militares ahora exonerados eran los únicos que estaban bajo proceso penal en el fuero civil, por los delitos de homicidio, encubrimiento (en la modalidad de alteración) y modificación ilícita de vestigio del hecho delictivo. Sin embargo, los magistrados del Tribunal Unitario consideraron que no existen evidencias de los cargos que se les imputan.
La resolución judicial (toca penal 247/2015) emitida ayer “desestimó los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público de la Federación para demostrar la culpabilidad de Quintero Millán, Acevedo López y Hernández Leónides en los hechos”.
Anoche, la PGR dio a conocer que fue notificada del fallo judicial, por lo que destacó que “conforme al marco legal vigente, acata esta resolución judicial. Sin embargo, el Ministerio Público de la Federación considera haber ofrecido los elementos de prueba suficientes para procesar a los tres elementos militares”.
La dependencia informó que “con la resolución judicial a su favor, los tres elementos castrenses serán puestos en libertad de la reclusión en que permanecían en la Prisión Militar Número 1-A en la Ciudad de México”.
Resoluciones. El 30 de junio de 2014 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió un comunicado en el que dio a conocer la muerte de personas armadas en un enfrentamiento en el municipio de Tlatlaya.
Tres meses después, la Sedena informó que la Procuraduría de Justicia Militar inició una investigación y dio a conocer la detención de un oficial y siete soldados investigados por los hechos, luego de darse una versión diferente a partir del testimonio de tres sobrevivientes del enfrentamiento entre militares e integrantes de un grupo delictivo, en la que se afirmó que los soldados dispararon contra civiles caídos.
Por su parte, la PGR inició una averiguación previa por la muerte de los 22 civiles, aunque al final de las investigaciones sólo se determinó el posible homicidio de siete hombres.
El 30 de marzo pasado, el Juzgado Sexto Militar dictó sentencia absolutoria a siete de los ocho militares acusados de participar en la supuesta ejecución extrajudicial, aunque en los tribunales de guerra el delito que se les imputó fue infracción de deberes, pero tampoco se encontraron evidencias en su contra. Sólo un soldado fue condenado por desobediencia a un año de prisión, pena que compurgó, por lo que también está libre.
En el fuero civil, siete militares fueron acusados penalmente por la PGR, pero cuatro fueron liberados por un amparo en 2015 y sólo quedaban tres bajo proceso; ahora serán liberados.
El titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, habló del caso en junio de 2015 con EL UNIVERSAL. Dijo que se castigaría a los responsables y, de ser inocentes, los militares regresarían a su trabajo.
