A través de un documento, el Senado de la República concluyó que los subsidios a la gasolina son regresivos, pues benefician principalmente a los estratos de la población con más altos ingresos y, además, perjudican el medio ambiente y a la salud de la población.
El documento “Aspectos relevantes sobre la liberalización de los precios de las gasolinas y el diésel en 2017”, elaborado por la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez (IBD), propone eliminar los subsidios, establecer impuestos a los combustibles que se destinen a financiar transporte público masivo y fortalecer los programas sociales que promuevan una mejor distribución del ingreso entre la población.
“De acuerdo con la Ley de Hidrocarburos, las Secretarías de Hacienda, Energía y Desarrollo Social deben evaluar la conveniencia de instrumentar programas de apoyo focalizados que contribuyan al adecuado suministro de combustibles básicos, a precios asequibles, en zonas rurales y urbanas marginadas”, detalla.
En un comunicado, el Senado informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer, el 27 de diciembre, la metodología para calcular los precios máximos a las gasolinas y diésel, la vigencia y las 90 regiones en que se aplicarán, así como los factores que se considerarán para su determinación que son: precio de referencia internacional; costos de logística, transporte, almacenamiento y distribución; ajustes por calidad del combustible; Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) e Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Por su parte, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) emitió una opinión en el sentido de que la liberalización de los precios de gasolinas y diésel implica que dichos precios deberían reflejar los costos de cada actividad de la cadena de valor y logística.
Destaca que, a través de la Ley de Ingresos de la Federación y de decretos presidenciales, se otorgan diversos estímulos fiscales a los combustibles como la reducción de la cuota del IEPS, los destinados a la zona fronteriza del norte del país, a autotransportistas y a actividades agropecuarias, silvícolas y pesqueras.
El Presupuesto de Gastos Fiscales 2016 estima que, para ese año, los estímulos representarían una pérdida recaudatoria de 67.8 miles de millones de pesos (mmp).
ahc