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Los jóvenes en México aspiran a convertirse en políticos para quedar impunes, consideró la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero.
Al concluir la presentación del libro Secreto Bancario y Defraudación Fiscal, la jurista coincidió con el autor Ambrosio Michel de que esta es la realidad que vive México. En entrevista con EL UNIVERSAL dijo que, como afirma la escritora rusa Ayn Rand, la sociedad mexicana está condenada, debido a que la “corrupción es recompensada y la honradez es un autosacrificio”.
Afirmó que en el país es común que las autoridades cometan violaciones a los derechos humanos para armar “casos a modo”, lo que podría poner en riesgo los procedimientos iniciados.
“Es común, porque a veces no tienen la capacitación ni siquiera para armar un expediente, ni saben cómo hacerlo, y menos aún cuáles son los procedimientos y violan cualquier cantidad de temas en el debido proceso y en la garantía de audiencia”, detalló.
Indicó que es necesaria una mayor capacitación de los funcionarios y que exista verdadera voluntad y compromiso por hacer bien las cosas, conforme a la ley, porque de lo contrario estaríamos en todo momento en impunidad.
Para la ministra en retiro, en el supuesto de que estas irregularidades ocurran en los procedimientos iniciados contra ex gobernadores como Guillermo Padrés o Javier Duarte, se estaría en riesgo de que los mismos no tengan éxito.
“Si los casos no están jurídicamente bien armados y no se ha seguido todo el procedimiento constitucional de respeto a los derechos humanos, estamos porque se puedan llegar a caer muchos de estos casos.
“No conozco los procedimientos de ellos en particular, pero hipotéticamente un mal procedimiento y las violaciones a derechos en éstos provocará que no prosperen”, puntualizó.
Ambrosio Michel advirtió que desde 2012 a la fecha la Procuraduría Fiscal de la Federación ha obtenido datos bancarios de diversas personas para —en complicidad con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores— armar casos a modo, y señaló que esto puede deberse a que existe un desconocimiento por parte de las autoridades de sus propias facultades, lo que ha provocado que en juicios de amparo muchos responsables de defraudación queden impunes.