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Este miércoles, el grupo de trabajo en materia de fiscalización de la Cámara de Diputados definirá el anteproyecto de nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, que se prevé discutir en el periodo extraordinario contemplado del 13 al 17 de junio.
El presidente del grupo, el diputado Luis Maldonado (PRD), indicó que una vez que sea aprobado el documento, se remitirá a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para que dicho órgano lo envíe a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para su análisis, discusión y dictaminación.
Externó que este documento “no cancela” el debate en la Comisión de Transparencia ni la incorporación de iniciativas presentadas anterior mente por los grupos parlamentarios, ni la posibilidad de que se apruebe con modificaciones, ampliaciones y otros planteamientos, así como la facultad del pleno para que haya cambios si se requieren.
“El anteproyecto tratará de incluir todas las propuestas de los grupos parlamentarios; sin embargo, aquellos puntos que no logren ser contemplados se remitirán a la Junta de Coordinación Política como reservas”, explicó el legislador perredista.
Maldonado Venegas puntualizó que si bien el grupo tenía hasta el 30 de junio próximo para analizar y debatir diversas iniciativas y eventuales minutas en la materia, los tiempos del periodo extraordinario obligaron a acelerar las tareas legislativas.
Durante la sesión de trabajo, el diputado Édgar Romo (PRI) expuso que aquellos puntos en los que no haya un consenso, sean enviados como reservas, a fin de que se agilice la ruta legislativa de la minuta.
En este sentido, la legisladora Cecilia Romero (PAN) coincidió en concluir el trabajo del grupo y enviar a la Jucopo las conclusiones: “Si bien hay un porcentaje amplio de consensos, existen puntos clave que se deben discutir y acordar”, externó.
Morena pide debatir disensos. Por su parte, el diputado de Morena, Vidal Llerenas, al calificar de coherente el documento, debido a que recoge los distintos puntos de vista de las fracciones parlamentarias, anotó que es importante que los temas donde hay disensos sean debatidos.
“El documento puede servir como un mínimo, pongamos capítulo por capítulo en qué no estamos de acuerdo y que esto sea enviado a la Junta de Coordinación Política”, precisó.
Llerenas Morales detalló que con la actual redacción, ninguna ley de los estados podría ser fiscalizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), porque solamente se le da materia de auditoría a las leyes respaldadas por la Federación.
“La Auditoría Superior de la Federación también tendría que emitir un informe de ingreso-gasto a mediados del año, como un insumo para la discusión presupuestal”, añadió.