La Ley 3 de 3 surge como iniciativa ciudadana que pretende obligar a los gobiernos y a cada uno de sus funcionarios a gobernar con honestidad y transparencia.
Propone que todos los funcionarios públicos, de cierto nivel, deban presentar tres documentos y ser justamente sancionados en caso de un acto de corrupción.
Los documentos que deben presentar son:
1.- Declaración patrimonial. ¿Cuánto tienen?
Los funcionarios deberán declarar todos los bienes que poseen y que han adquirido según el giro de su negocio; lo que han conseguido según su sueldo como funcionario público.
2.- Declaración de intereses. Historial y red de contactos que tienen.
A quién le compran a quién le venden; a quien le prestan a quien le deben.
3.- Declaración fiscal. Gasto mes por mes, declaración anual y la responsabilidad de que paguen impuestos como cualquier otro ciudadano.
En caso de corrupción a los funcionarios de cualquier nivel que se les sancionará según la ley.
Esta tarde, el presidente Enrique Peña Nieto vetó un articulado relacionado con esta obligación para la Iniciativa Privada.
El consejero jurídico de la presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes, en un mensaje a medios, explicó que los artículos en los que propondrán modificaciones son el 32, incisos “B” y “C”, así como 15 más, por considerar que contienen medidas excesivas que afectarían la operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción.
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