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La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Consejo Estatal de Seguridad Pública de Guerrero un informe sobre los alcances y resultados de las diversas acciones que se implementan en materia de combate a la inseguridad en esa entidad.
En un dictamen aprobado, se señala que Guerrero padece el mayor problema de inseguridad desde 2009 y ocupa el primer lugar a nivel nacional en este tema, pues registra una tasa de 47.76%, por encima de estados como Morelos, Chihuahua, Sinaloa y Estado de México.
Destaca que tan sólo en 2015 se registraron 2 mil 721 homicidios, de los cuales 70% se cometieron en Acapulco. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a marzo de este año se registraron 8 mil 998 robos, de ellos 886 se cometieron con violencia; 699 homicidios, de los cuales 514 fueron dolosos, y 805 delitos patrimoniales.
Impacto a negocios. El documento expone que a los delitos del fuero común se le suman los derivados del crimen organizado, el tráfico de drogas, secuestro, trata de personas, desaparición forzada y el saldo de la lucha entre cárteles, por lo que es necesario redoblar esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno, a partir de revisar y, en todo caso, replantear la estrategia seguida hasta ahora.
“La inseguridad y la violencia han impactado la actividad económico-empresarial y provocado el cierre de negocios por las amenazas de secuestro y extorsión por parte del crimen organizado”, resalta el dictamen.
Por lo anterior, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión consideró que se requiere la participación sistemática de las instancias competentes en la materia, mediante un esquema de coordinación, de carácter permanente, en el que se favorezca la agilidad y toma de decisiones directamente.
“Resulta imperativo el establecimiento de políticas generales en materia de prevención, combate e investigación del delito y política criminal”, dijo.
La Permanente recordó las medidas acordadas por los gobiernos federal y estatal, con las cuales se pretende fortalecer las acciones ya implementadas en el estado de Guerrero y que se focalizan en 11 colonias donde, de acuerdo con los informes, se concentran los mayores índices delictivos.
Además, solicita intensificar los trabajos de depuración de las policías municipales y estatales con el objetivo de poner fin a cualquier esquema de protección a criminales.