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El Partido Acción Nacional (PAN) fijó como postura irreductible en torno a las leyes reglamentarias del sistema anticorrupción, la obligación de todo servidor público federal, estatal o municipal a transparentar por completo sus declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses.
Con esta decisión el PAN metió reversa en el planteamiento hecho por la senadora panista Marcela Torres Peimbert, quien admitió como aceptable la propuesta del PRI-PVEM para que las declaraciones patrimoniales sólo fueran parcialmente públicas.
El PAN va por transparencia total, “que los ciudadanos sepan con cuánto dinero entramos al cargo y con cuánto salimos. Que sepan quiénes se están enriqueciendo de manera ilegal, quiénes se están robando el dinero de la gente para llevarlo a su bolsillo”, advirtió el líder panista Ricardo Anaya.
Los tres irreductibles del PAN, dijo, son la aprobación de las siete leyes secundarias, que sea antes del 28 de mayo —por lo que debe haber un periodo extraordinario— y que no sean regulaciones light.
“No nos vamos a prestar a la simulación, a este intento del PRI y del Verde de acotar la reforma, vamos por una reforma anticorrupción robusta y a fondo”, detalló.
Anaya rechazó que haya sido el PAN el que, al término del periodo ordinario de sesiones del Congreso, presionó para impedir que, como parte de la llamada ley 3 de 3, se estableciera como obligatorio para los servidores públicos la presentación de declaraciones patrimoniales con carácter público, por razones de seguridad.