El caso del PRI que quitó la candidatura a tres de sus abanderados en Tamaulipas por amenazas o presuntos nexos con el narco ha prendido las alertas en otros sectores de la sociedad.
En el grupo de organizaciones que empujan el ejercicio ciudadano 3 de 3 –una de las cabezas es Eduardo Bohorquez, de Transparencia Mexicana- hay preocupación por inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de abanderados a cargos de elección popular en cuatro de los 14 estados en los que habrá elecciones este año, nos comentan.
En Puebla, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo se presentan serias dudas, pero no pueden hacer nada porque no son autoridad. Nos explican que los grupos dependen de la veracidad que los postulantes impriman en sus declaraciones.
¿Hasta dónde corrupción o crimen en los haberes de los candidatos a puestos de elección popular en México?, se preguntan.