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El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados señaló que buscará que al Congreso de la Unión se le otorgue la facultad de expedir leyes en materia de feminicidios.
En voz de la diputada María Concepción Valdés (PRD), la fracción parlamentaria que representa propondrá una iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la intención de que el Congreso dé más sustentabilidad legal a este delito. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, de 2005 a 2013 más de mil 767 mujeres han sido asesinadas y otras mil 500 desaparecieron, muchas de ellas adolescentes de 15 a 17 años.
La legisladora perredista recordó que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre 2006 y 2012 los feminicidios en México aumentaron 40%, y 95% de ellos quedaron en la impunidad.
“Y no sólo eso, en varias entidades el asesinato de mujeres es 15 veces más alto que el promedio mundial”, indicó María Concepción Valdés.
Situación preocupante. La diputada federal del PRD indicó que en seis años más de mil 900 mujeres y niñas fueron asesinadas violentamente, casi la mitad de ellas con armas de fuego, lo que ubica a México entre los 25 países con la mayor tasa de feminicidios del mundo.
De acuerdo con las investigaciones, “en promedio 60 mil mujeres pierden la vida en circunstancias violentas y la opacidad es uno de los problemas. En el periodo de 2007 a 2012 se cometieron mil 909 feminicidios en México —comprobados y verificados—. Nuestro país fue, entre 2011 y 2014, el quinto con el mayor crecimiento en su tasa de feminicidios”, añadió.
La diputada puntualizó que es imperativo que los funcionarios públicos que laboran en las instituciones responsables de atender, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres apliquen la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de cada entidad.
Reiteró que en la procuración de justicia falta la capacidad técnica y de conocimientos sobre legislación, género y violencia por parte de los servidores públicos.