El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, planteó que son un abuso las leyes “antibronco” que se han impulsado en algunas entidades del país para cerrar el paso a las candidaturas independientes.
Ha habido, advirtió, “una reacción indebida, innecesaria, abusiva, creo yo, elevando el costo de las candidaturas independientes a niveles que no son convenientes porque corren el riesgo de convertir esta figura en nugatoria”.
Esas legislaciones buscan encarecer los requisitos para los candidatos independientes, pero esta figura demostró en las elecciones del 7 de junio ser una vía factible para acceder al poder político.
Al ofrecer una conferencia magistral en el Seminario Los estados en 2015 Córdova Vianello advirtió que si hay temas irresueltos, como el del financiamiento de ese tipo de aspirantes sin partido.
Esto porque, explicó, abrir la posibilidad de mayor financiamiento privado que público parta los candidatos independientes debe ser motivo de reflexión, si se considera que quien financia una campaña no lo hace por filantropía.
Uno de los temas a resolver es el del financiamiento público a los candidatos independientes, expuso, “me queda claro que los independientes no son iguales a los partidos” y por tanto no es correcto comparar en términos de equidad a ambos.
Así, refirió el caso del hoy gobernador electo Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, quien fue aspirante independiente y en cuya contienda el tope de campaña fue de casi 46 millones de pesos.
De recursos públicos le correspondían menos de 500 mil pesos, si se le hubiera aplicado la fórmula de que el financiamiento público debe ser predominante, como ocurre para los partidos. En ese plan a El Bronco hubiera tenido menos de 1 millón para competir.
Pero en la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León se decidió que el candidato independiente “podía hacerse de tanto financiamiento privado tanto como fuera necesario” para ir con el monto de financiamiento público hasta el tope.
“Es decir en ese caso un candidato independiente a gobernador en Nuevo León podía tener acceso a cerca de 46 millones de pesos (de financiamiento privado) más los 500 mil de financiamiento público que le llevarían a un tope.
“Y ahí si estamos ante un dilema”, porque la regla de que el financiamiento privado no supere al público tiene como objetivo inhibir la dependencia que inevitablemente existe detrás de quien aporta como privado a la política.
Pero, alertó, “quien aporta dinero a financiar una campaña no lo hace por un ánimo filantrópico lo hace porque tiene interés en patrocinar a alguien que aspira a un cargo de elección popular”.
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