El presidente brasileño, Michel Temer, se concentrará desde hoy en la aprobación de una polémica e impopular reforma de la ley de jubilaciones que no convence al mismo Congreso que el miércoles negó que sea enjuiciado por corrupción.
El empresario brasileño Joesley Batista, quien fue el denunciante de Temer, calificó de “día de la vergüenza” la jornada en la que el mandatario libró un juicio en su contra. Batista, dueño del gigante de la carne JBS, parte del grupo J&F, aceptó cooperar con la Justicia para evitar ser acusado él mismo de corrupción. Admitió el pago de sobornos durante años a políticos, entre otros al partido de Temer, el conservador PMDB, para obtener su apoyo en la firma de contratos públicos. Batista entregó a la Justicia un audio grabado a escondidas de una conversación suya con el presidente, en la que Temer parecía avalar el pago de sobornos.
Sin embargo, la Cámara de Diputados votó con una mayoría de 263 contra 227 parlamentarios para impedir el juicio penal contra Temer.
El triunfo parlamentario del presidente, sin embargo, no pone fin a la crisis institucional en el gigante sudamericano. De acuerdo con las últimas encuestas, sólo 5% de la población apoya a Temer, quien ahora busca reformar la ley de jubilaciones.
Para lograrlo requiere del apoyo de 308 diputados. Según el ministro de la Presidencia, Eliseu Padilha, aunque el Ejecutivo tiene prisa con ese asunto, la prioridad será “reagrupar a la base parlamentaria” una vez pasada la página de la denuncia que amenazaba a Temer.
En este contexto, Amnistía Internacional denunció ayer que la crisis política brasileña “funciona como una cortina de humo mientras el Congreso trabaja para aprobar leyes que suponen un retroceso en derechos sin que nadie lo discuta”. La ofensiva de recortes afecta, indicó, tanto a derechos de la infancia, como laborales, de manifestación, expresión, salud, educación o seguridad pública.