Un comité del Senado de Brasil votó ayer por abrumadora mayoría en favor de iniciar un juicio político contra Dilma Rousseff, con lo que la mandataria se encuentra a un paso de ser destituida.

Quince de los 21 integrantes del comité acogieron la recomendación del relator del proceso, el diputado Antonio Anastasia, quien el miércoles emitió un fallo favorable al enjuiciamiento de la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT). Cinco votaron en favor de poner fin al proceso y el presidente del panel se abstuvo.

El fallo será sometido a votación el miércoles 11 en el plenario del Senado, donde se necesitan un mínimo de 41 votos, en un total de 81, para que la mandataria sea separada del cargo por un plazo máximo de 180 días, mientras la Cámara Alta define si aprueba la destitución o la presidenta es restituida en el cargo. La sesión podría prolongarse al jueves. Todo indica que al menos 50 senadores votarán en favor de la suspensión de Rousseff.

La mandataria dice que el proceso en su contra es un golpe de Estado y acusa al vicepresidente Michel Temer, quien la reemplazaría en caso de que ella pierda el cargo, de ser “un cómplice” de la trama para derrocarla.

Anastasia, del partido opositor PSDB, emitió la recomendación para el juicio político y afirmó que hay razones para creer que Rousseff violó leyes fiscales, un delito por el cual se puede enjuiciar a un presidente.

En caso de que el pleno del Senado dé luz verde al juicio, el proceso estará dirigido por el líder de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski. Rousseff quedaría permanentemente alejada del puesto si dos terceras partes de los senadores (un mínimo de 54) la hallan culpable en un juicio definitivo, que se prevé podría culminar en septiembre.

De ser así, las Olimpiadas en el país (del 5 al 21 de agosto) se celebrarían bajo el gobierno interino de Temer, quien ha buscado respaldo para el juicio político contra Rousseff desde que su partido dejó la coalición de gobierno y quien en caso de asumir tendría plenos poderes para renovar el gabinete e impulsar reformas en las políticas públicas.

En un discurso que sonó a despedida, Dilma dijo ayer en Cabrobó, una empobrecida región del noreste del país donde se ejecutan las obras del trasvase del río San Francisco, que le “partirá el corazón” no poder inaugurarlas. “Si hay una cosa de la que voy a estar muy triste será no estar aquí para ver a María o a Joao abrir el grifo y que salga el agua. Se me partirá el corazón. Va a ser una injusticia, porque nosotros luchamos por hacer esta infraestructura”.

Insistió en que es inocente de los cargos que le imputan, unas maniobras contables realizadas por su gobierno entre 2014 y 2015, llevadas a cabo también por otras administraciones y que según la comisión del Senado violaron numerosos artículos de la Constitución y la Ley de Responsabilidad Civil. Y afirmó: “No renunciaré. Me voy a quedar peleando. Están condenando a una persona inocente”.

En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro condenó lo que está pasando en Brasil, lo llamó “golpe de Estado” disfrazado y advirtió que podría traer como consecuencia la radicalización de los movimientos de izquierda en la región.

Google News

Noticias según tus intereses