Comuneros queman material de obra de la Pirámides-Texcoco

Miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) incendiaron material de una empresa privada que construye la autopista Pirámides-Texcoco, que conectará al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) porque llevan a cabo los trabajos dentro de sus terrenos en la zona ejidal de Tocuila, en Texcoco.

Según los integrantes del FPDT, es la continuación de la autopista de peaje Pirámides-Texcoco, que se entroncará con la autopista Peñón-Texcoco para llegar a la nueva terminal aérea.

Los ejidatarios previamente corrieron de las parcelas a empleados de la empresa “Cypsa Vise” que habían colocado una membrana geo textil y malla de plástico para la cimentación del proyecto carretero y luego las arrancaron para cortarlos con sus machetes. A varios rollos de ese material les prendieron fuego. Las llamas se elevaron a 10 metros de altura sobre las tierras de cultivo de Tocuila.

Los comuneros habían ahuyentado a los trabajadores el sábado pasado y los obligaron a llevarse la maquinaria y materiales.

Los trabajadores no hicieron caso a las advertencias de los ejidatarios y regresaron para continuar con sus labores. Miembros del comité de vigilancia del núcleo ejidal los detectaron y avisaron a sus compañeros de las comunidades vecinas para que los ayudaran a correrlos.

Al sitio llegaron ejidatarios, encabezados por Ignacio del Valle Medina, líder del FPDT y con machete en manose enfilaron hacia donde estaban los trabajadores.

Los empleados de la empresa se apostaron sobre el acotamiento de la autopista Peñón-Texcoco desde donde observaron a los ejidatarios quitar la membrana y la malla de plástico que se utilizarápara la construcción.

Con machetes rompieron el material y le prendieron fuego como protesta a una carretera que aseguran es ilegal.

Los miembros del núcleo ejidal de Tocuila denunciaron que las obras que se realizan en sus parcelas son ilegales porque cuentan con un amparo para evitar que el proyecto carretero se lleve a cabo, por lo que exigieron que la determinación judicial sea respetada por las autoridades federales que son las que efectúan las obras.

msl