Este sábado, los legisladores han aprobado diversos artículos como el 42 sobre una nueva figura llamada Consejo Judicial Ciudadano, que será conformado por 11 personas –siete profesionales en Derecho-, propuestas por instituciones académicas, colegios de abogados, organizaciones civiles y sociales, éstas últimas con al menos cinco años de existencia, y serán designadas por dos tercios del Congreso.
Este consejo designará a los siete integrantes del Consejo de la Judicatura y es una propuesta original del proyecto de Constitución enviado por el jefe de Gobierno.
El Consejo de la Judicatura es el órgano que vigila y evalúa al Poder Judicial local y está encargado de nombrar a los jueces de la capital.
La consecuencia principal de esta facultad para el Consejo Ciudadano es que el presidente del Tribunal Superior de Justicia local ya no podrá ser como ahora el presidente también del Consejo de la Judicatura.
Julio César Moreno, integrante de la comisión de Poder Judicial, apoyó este nuevo órgano pues el Consejo de la Judicatura "al día de hoy no ha dado los resultados para lo cual fue creado, es de ornato, no es un contrapeso".
Santiago Creel, coordinador de la bancada del PAN, dijo que el órgano ciudadano es un "tiro de precisión" pues "estamos ciudadanizando un poder que siempre ha estado apartado de la sociedad".
Javier Quijano, de Morena, consideró "fundamental" la separación del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura
En contra habló Manuel Díaz Infante, presidente de la comisión y diputado del Ejecutivo Federal, quien señaló que este consejo será "nocivo" para el Poder judicial local.
"Este Consejo Judicial Ciudadano estaría ejerciendo una atribución del Estado al designar a los integrantes de uno de los órganos depositarios del Poder Judicial", advirtió Díaz Infante, también magistrado con licencia del Tribunal Superior de Justicia.
Augusto Gómez, diputado también del Ejecutivo Federal señaló una posible invasión de poderes en la competencia que tendrá el Congreso para aprobar a los integrantes del Consejo de la Judicatura, a lo cual Díaz Infante agregó que hay una "concentración excesiva en las facultades del Congreso".
Ana Laura Magaloni, del Grupo Constitucionalista, consiguió que se aprobara una reserva para establecer que el consejo ciudadano no sea permanente y se conforme sólo cuando se vayan a hacer designaciones, así como que los cargos sean no remunerados, lo cual ganó el apoyo de diputados como Roberto Gil, del PAN, quien antes criticó que se crearía un "súper poder" por ser un órgano permanente.
ACOTAN A PRESIDENCIA DE TSJ
Los legisladores también aprobaron el artículo 40 de la función judicial, que entre otras cosas indica que el presidente del Tribunal Superior de Justicia sólo durará un año en el cargo, lo que garantizará una “presidencia colectiva” entre magistrados, dijo Javier Quijano.
También se aprobó el artículo 41 mediante el cual se crea una sala constitucional del Tribunal Superior de Justicia, que será el espacio para defender la exigibilidad de derechos.
Olga Sánchez Cordero, del Grupo Constitucionalista resaltó que además se crearán juzgados tutelares y se podrán promover juicios de restitución obligatoria de derechos humanos para obligar a que las autoridades cumplan con las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos local en casos en que éstas han sido aceptadas pero no ejecutadas.