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Con reservas del PAN, la Comisión de Buen Gobierno, Combate a la Corrupción y Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la Asamblea Constituyente avanzó en el primer dictamen que otorga la posibilidad de que ciudadanos promuevan juicio político en contra de quienes incurran en corrupción y se elimine la inmunidad del fuero constitucional a los funcionarios.
El dictamen fue aprobado en lo general en dicha comisión con 16 votos a favor y dos en contra. Sin embargo, la discusión de las reservas a diferentes artículos continuaba hasta ayer por la noche.
El PRD argumentó que la gente está cansada de la falta de credibilidad de las instituciones, por eso votó a favor. Acción Nacional determinó reservarse los artículos referentes al fuero.
Juan Carlos Romero Hicks, constituyente del PAN, lamentó que se está confundiendo “inmunidad con impunidad”, además de que recordó a los constituyentes que la Constitución General de la República estipula que el jefe de Gobierno y los diputados locales tienen fuero federal.
Incluso dijo que el desafuero sólo se trata de una situación populista que iría en detrimento del buen gobierno y dejaría expuestos al chantaje político a alcaldes y regidores.
Jesús Ortega, del PRD, argumentó que continuar con la inercia de que la crisis va a superarse por sí sola es un error, de ahí que se deban imponer nuevas estructuras institucionales que efectivamente contribuyan a salvar esta crisis de descalificación y de desprestigio de todos los entes de carácter público.
Los integrantes de la Comisión de Buen Gobierno, Combate a la Corrupción y Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos analizaban 50 reservas para su discusión y en su caso, aprobación.
Dentro de los articulados que competen al dictamen está la determinación de que la Auditoría Superior tendrá autonomía constitucional, presupuestal, técnica y de gestión en el ejercicio de sus funciones.
También que el servidor público tendrá la obligación de presentar y comprobar las declaraciones sobre su situación patrimonial, cumplimiento de sus obligaciones fiscales y posibles conflictos de interés, que serán publicitadas en los términos que determinen las leyes generales.