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La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, busca reinstalar los campamentos de población callejera retirados de La Ciudadela la semana pasada, alertó la directora Jurídica y de Gobierno de la delegación Cuauhtémoc, Zuleyma Huidobro.

Exigió a Mercado Castro, así como a la Comisión de Derechos Humanos local, que en lugar de condenar el desalojo, actúen de manera inmediata.

Incluso lanzó la advertencia de que si no están de acuerdo con los operativos de la demarcación, sea la secretaria de Gobierno quien dé la cara y responda a los vecinos.

En conferencia de prensa para dar a conocer el padrón de puestos metálicos, Huidobro adelantó que se enviará de inmediato a la Secretaría de Gobierno un informe de los 250 puntos donde se concentra la indigencia y que son focos rojos porque no sólo es una cuestión social, sino delincuencia, de drogadicción y trata de personas.

“Los campamentos en la delegación son un problema serio que por años no se le ha dado solución, por eso nosotros nos preguntamos quién atiende el derecho de los niños a caminar y disfrutar de un espacio público, quién se preocupa por los vecinos para que vivan libremente sin el temor a ser asaltados”, expresó la directora Jurídica.

Huidobro demandó una solución real a este problema y aseguró que la delegación Cuauhtémoc actuó con apego al protocolo y que no se violó ningún derecho humano.

Incluso dijo que los indigentes desalojados el pasado viernes fueron canalizados a albergues.

Más tarde, al término de una reunión con diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, la titular de Derechos Humanos, Perla Gómez, manifestó su preocupación porque se lleven a cabo operativos sin protocolo.

“La comisión va a ser una institución incómoda para cualquier autoridad que quiera violar a un grupo vulnerable porque es un grupo más sensible, que no tiene derecho a la identidad, a la salud, a la educación, y que tiene una historia de vida diferenciada”, señaló.

Aunque no dijo si o no a la posibilidad de reingresar a los indigentes a La Ciudadela, la Ombudsperson cuestionó que la Cuauhtémoc quiera descalificar el trabajo de organizaciones históricas, legítimas y comprometidas por la población callejera.

Aseguró que en el desalojo no se dio aviso a la comisión y se actuó por su cuenta, por ello Gómez pidió se reconsidere y se conozca el protocolo para que sepan cuál es la mejor ruta para ordenar los espacios públicos.

“Tiene que haber concurrencia de autoridades, coordinación con las instancias, es un fenómeno histórico de 25 años”, recordó la titular de la CDH.

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