A partir de que estalla la crisis financiera global en 2007, se registra un crecimiento vertiginoso de la deuda pública en México. Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la deuda neta del sector público federal (que incluye gobierno federal, empresas productivas del Estado y la banca de desarrollo) pasó de un billón 954 .4 miles de millones de pesos (mmp) (21% del PIB) a 10 billones 167. 7 mmp en el primer trimestre de 2018 (45.5% del PIB). De estos pasivos, 6 billones 437.3 mmp (64%) correspondieron a deuda pública interna.
El boom de la deuda pública está ligado, entre otros factores, al exceso de liquidez en los mercados financieros internacionales, resultado de los paquetes de rescate financiero implementados por la Reserva Federal (FED) y su consecuente impacto sobre el arbitraje monetario. Asimismo, ha contribuido la debilidad de la actividad económica a nivel global.
La libre movilidad de capitales pone en riesgo la estabilidad monetaria. Los bancos centrales de los países emergentes tienen que intervenir en el mercado cambiario, por medio de la compra venta de divisas, para que se mantenga estable dentro de un rango razonable. Asimismo, tienen que aplicar un régimen de metas de inflación en el cual la esterilización monetaria por medio de valores gubernamentales evita que los flujos de capital expandan la base monetaria (dinero legal en circulación) y se ponga en riesgo el valor de los activos financieros.
Ante un entorno de capitales volátiles, se ha tenido que implementar políticas monetarias y cambiarias para estabilizar a la economía, que han determinado la necesidad de aplicar una política proteccionista de reservas internacionales, para estar preparados en contra del pánico en los mercados financieros y las rápidas reversiones en los flujos de capital. Por medio de estos mecanismos, la deuda pública interna ha estado vinculada a la regulación de la moneda. Los movimientos inversos en el crédito interno neto, y principalmente la emisión de valores públicos y los depósitos de regulación monetaria, responden a la necesidad de mantener estable la base monetaria.
El impacto de la deuda pública sobre la economía depende del tipo de gasto que se realice con ella. En la medida que la deuda sea creadora de utilidad, ocupación y eficacia, contribuirá a la recuperación económica. Sin embargo, como lo argumenta Correa (2015), el endeudamiento público se mantiene como soporte de un modelo de negocios financieros en donde lo primordial es sostener el valor de los activos financieros titulizados y las carteras de la banca global y los inversionistas institucionales.
Además este modelo de negocios requiere anular la capacidad de gasto del Estado y su posible papel contra cíclico, esto para no generar mayores presiones sobre la moneda. La falta de inversión pública genera gobiernos financieramente débiles que terminan transfiriendo sus activos hacia el control corporativo.
La deuda pública se expande para mantener los rendimientos de los activos financieros y se tiene que asumir un costo financiero creciente que es pagado por los contribuyentes. Pero la mayor pérdida se encuentra en la destrucción de capacidades endógenas de crecimiento y en la falta de empleos formales que caracterizan a la economía mexicana.
Profesor de la Facultad de Economía de
la UNAM, e integrante del CACEPS–UNAM