estados@eluniversal.com.mx
San Diego.— Una acusación por lavado de dinero ha sacudido a la clase política y empresarial de Baja California, luego de que la Fiscalía Estatal de California anunció que 12 personas podrían enfrentar penas individuales de hasta dos décadas en prisión. Entre los acusados está un regidor de la alcaldía de Tijuana.
Ayer fueron presentados ante el gobierno de Estados Unidos todos los implicados. Sentados uno al lado del otro, llenaron dos banquillos: de los acusados. Vestidos de azul, encadenados de pies y manos, escucharon los cargos que se les imputaron.
El caso más polémico es el de Luis Torres Santillán, un conocido empresario de la región, quien durante años fungió como comisionado de Seguridad de Coparmex en el estado, cámara que se ha pronunciado en contra de la corrupción durante años.
Apenas el 1 de diciembre Torres Santillán tomó cargo de regidor, por el PAN, pero en la última semana de ese mes fue detenido por la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) cuando buscaba ingresar a EU.
Al interior del PAN aseguran que el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastelum, quien rindió protesta hace apenas cuatro semanas como edil, candidateó a Torres Santillán para el puesto de elección popular.
A las 8:30 horas, en la sala 11 de la Corte Superior de California, Santillán —quien siempre llevaba el cabello con cera, zapatos bien boleados y trajes de diseñador— caminó encadenado de pies y manos.
Mientras el juez de la Corte, David J. Danielsen, pronunciaba su nombre, el político lo miraba angustiado. Su figura delgada, ojeras y cabello al ras contrastaban con su aspecto habitual.
A Torres Santillán lo representa Anthony Colombo, un prestigioso abogado en EU que ha representado a narcotraficantes como Benjamín Arellano Félix.
Los delitos. La Fiscalía de California informó que los acusados trabajaron para una organización que lava dinero radicada en México. El panista, señaló, realizó 18 transacciones millonarias en un año. La estructura de lavado operaban a partir de que recibían dinero, lo transportaban por la frontera y lo depositaban en cuentas bancarias de EU.
En esa red fue fundamental —según la Corte— la participación de una casa de cambio. El vocero de la Fiscalía, Jessy Navarro, adelantó que incluso la Administración para el Control de Drogas (DEA) participa en la investigación.
Al término de la audiencia se acordó que los acusados regresen a juicio el próximo 9 de febrero. El abogado de Torres Santillán logró que se le rebajara la fianza de 5 millones de dólares a 300 mil dólares. No obstante, Torres Santillán sigue preso y para salir bajo fianza deberá demostrar que el dinero es de procedencia lícita.
