Chilpancingo.— Decenas de integrantes del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y habitantes de Juan R. Escudero marcharon en este municipio para exigir paz, tras confrontaciones entre grupos de policías comunitarias, situación que ha cobrado vidas.
Los pobladores, en su mayoría de Tierra Colorada, cabecera del ayuntamiento de la región centro del estado, solicitaron a los gobiernos federal y estatal su intervención para arreglar el conflicto que mantienen con el Sistema de Justicia y Seguridad Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), agrupación comunitaria que acusan de meterse en sus territorios.
Hace una semana, policías de la UPOEG tomaron la comunidad de El Ocotito. Se colocaron tras los cerros y se apoderaron de la seguridad del poblado, que desde enero de 2015 cuidaba el sistema del FUSDEG, agrupación que se separó de la primera porque la acusaban, sobre todo a su líder, Bruno Plácido, de tener vínculos con la delincuencia organizada.
Los inconformes marcharon sobre la carretera federal México–Acapulco hacia las instalaciones del ayuntamiento, donde realizaron un mitin.
En el trayecto, los habitantes portaban mensajes de agradecimiento al FUSDEG y en repudio a la UPOEG, que también ha hecho las mismas acusaciones contra la organización que convocó a la manifestación.
Los contingentes, en los que también participaron niños, se observaron de blanco. La gente usó ese color en sus ropas para simbolizar la paz.
Exclamaban que ya no pueden vivir al acecho de otro enfrentamiento. Recordaron que el 24 de octubre hubo una pelea que dejó siete muertos, un hombre que pertenecía al Frente Unido para la Seguridad y seis de la Unión de Pueblos, luego del intento de su organización adversaria de querer tomar sus poblados.
En esa ocasión, en la comunidad de Tlayolapa, a unos 40 minutos de la cabecera municipal y a hora y media de Chilpancingo, policías de la UPOEG pretendían —de acuerdo con la versión de FUSDEG— vigilar esa población y sacar a sus comunitarios, razón por la que empezó el altercado que dejó como saldo, además de los siete muertos, cuatro personas heridas.
Los marchistas solicitan una reunión con el gobierno estatal, donde junten a ambas partes inconformes y se detenga la ola de violencia, que se concentra en comunidades de Chilpancingo y Tierra Colorada y que ha dejado víctimas colaterales.
