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Mérida.— Los cinco policías municipales de Tekax que el pasado jueves torturaron a dos detenidos por robo de ganado, fueron cesados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para ser sometidos a proceso; el agente que filmó los hechos y subió el video a las redes sociales también fue detenido, pues es considerado cómplice de la agresión.
El fiscal General del Estado, Ariel Aldecua, informó lo anterior y añadió que pedirán la pena máxima para los agentes: 12 años de prisión.
Por su parte, el priísta Josué Couóh Tzec, alcalde de Tekax, dijo que luego de enterarse de los hechos, dispuso el cese y detención de los policías.
De acuerdo con los hechos referidos en la denuncia F2-F2/000863/2016, interpuesta por un ciudadano ante la Agencia Investigadora de esta fiscalía ubicada en Tekax, la autoridad judicial avaló y emitió dichas órdenes, que fueron ejecutadas el domingo pasado.
Los oficiales implicados en el caso de tortura fueron informados del motivo de sus detenciones, por lo que tras realizar las diligencias correspondientes fueron trasladados y consignados ante el Juez Primero de Control del Tercer Distrito, donde esperarán para determinar su situación jurídica.
Las víctimas son dos pobladores de Tekax, detenidos el jueves pasado por el supuesto robo de ganado, que fueron torturados para que confesaran su culpabilidad. Uno de los policías grabó la tortura y subió el video a redes.
Interviene Derechos Humanos. El ómbudsman del estado, José Enrique Goff Ailloud, manifestó que apenas se tuvo conocimiento de los hechos el pasado viernes, se inició de oficio un expediente de queja por los presuntos hechos violatorios documentados a través del video.
Dictó medidas cautelares dirigidas a la Policía Municipal y a la Secretaría de Seguridad Pública; además, se interpuso la denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público en contra de los agentes y servidores públicos que resulten responsables.
Asimismo, personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se dio a la tarea de localizar y ratificar directamente al agraviado en cuanto a los hechos objeto de la queja.
“No podemos permitir que estas malas prácticas arcaicas y deshumanizadas, violatorias de derechos humanos, sean utilizadas como métodos de investigación”, dijo.
“Los cuerpos policiales deben entender que la defensa y protección de los derechos humanos, lejos de ser un impedimento para combatir la delincuencia, son la única vía para alcanzar la plena justicia”, puntualizó.
Goff Ailloud señaló que la sanción a los responsables de este lamentable hecho debe sentar un precedente que busque garantizar la no repetición de estas prácticas, que no sólo atentan contra la integridad y dignidad de las personas, sino que carecen de valor probatorio, vulneran el Estado de derecho y demeritan el trabajo de los buenos elementos policiacos.