La situación jurídica del presidente municipal de Sahuayo, Francisco Sánchez; del tesorero Marco Vinicio Ávila y del alcalde electo, Armando Tejeda Cid, señalados como presuntos responsables de un delito electoral, será definida el 3 de agosto.
En un comunicado, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) señaló que los dos servidores públicos y el edil electo están sujetos a un proceso penal por su presunta participación en el desvío de 1.8 millones de pesos utilizados para el financiamiento de la campaña política de Tejeda Cid.
Dio a conocer que los tres implicados se presentaron en el Juzgado de Primera Instancia en materia penal y rindieron su declaración preparatoria por su presunta responsabilidad en el mencionado delito electoral.
La presentación de los inculpados obedeció a la suspensión provisional que les fue concedida por el juez de distrito por la orden de aprehensión girada en su contra.
La Procuraduría michoacana afirmó que durante las diligencias ministeriales realizadas por la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales pudo establecerse que hay indicios de que los funcionarios públicos utilizaron de manera ilegal fondos que tenían a su disposición en virtud de su cargo y que el candidato (ahora alcalde electo) los aprovecho.
cfe