Guadalajara.— Hasta ahora, la Fiscalía General de Jalisco ha detenido y entregado a la Procuraduría General de la República (PGR) a seis presuntos implicados en el asesinato del delegado del ISSSTE estatal, Javier Galván Guerrero, entre ellos, un policía de Guadalajara.

El elemento policial supuestamente confesó haber disparado en contra del funcionario federal; sin embargo, los familiares de los detenidos acusan que las “confesiones” se obtuvieron bajo tortura y ya hay quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Cinco días después del asesinato del funcionario, ocurrido el 19 de junio, elementos de la Fuerza Única de Jalisco realizaron un operativo en el que detuvieron a dos de los presuntos implicados; aunque la Fiscalía estatal no informó oficialmente de estas detenciones, pero personal de la dependencia confirmó los hechos y días después se filtró una versión de que fueron seis los detenidos por el homicidio.

En la policía de Guadalajara confirmaron que uno de sus elementos fue arrestado por elementos de la Fiscalía y acusado de haber participado en el asesinato; no obstante, también se informó que este policía se encuentra incapacitado debido a que aún presenta parálisis facial debido a que sufrió una embolia.

Aunque aún no se ha revelado el supuesto móvil del asesinato, según el expediente que la Fiscalía del Estado entregó el pasado fin de semana a la PGR cuando consignó a los seis detenidos ante el Ministerio Público Federal, el policía tapatío confesó ser quien disparó en contra del funcionario federal, pues recibió 180 mil pesos por matarlo.

El pasado viernes, familiares de los seis detenidos acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para denunciar que los elementos de la Fiscalía golpearon y torturaron a los acusados por este crimen para obligarlos a firmar una declaración a modo.

Javier Perlasca Chávez, visitador de la CEDH y encargado de integrar las denuncias, informó que el área médica de la comisión está integrando los partes médicos de los detenidos para determinar si presentan huellas de tortura.

En lo que va de esta administración, la CEDH ha emitido 16 recomendaciones por casos de tortura y detenciones arbitrarias.

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