Pemex, corrupción y justicia

Editorial EL UNIVERSAL

Petróleos Mexicanos fue durante muchos años el símbolo de lo que representaba la riqueza de México en materia de hidrocarburos, pero a la par del declive del megayacimiento de Cantarell fue decayendo también el desarrollo de la empresa; lo que no se modificó fueron sus contribuciones a las arcas públicas vía impuestos. Como consecuencia, no hubo recursos para la exploración de nuevas zonas petrolíferas o adquisición de tecnología útil para la explotación de aguas profundas.

Los datos son de sobra conocidos: desde 2000 las reservas totales de hidrocarburos comenzaron a ir a la baja, la producción cayó hasta 50%, la capacidad de refinación se vio rebasada por la demanda interna, al mismo tiempo que se desplomaba el precio del barril de crudo. Si no bastara lo anterior, hay que agregar los privilegios del sindicato petrolero y el surgimiento en la última década del problema de las bandas dedicadas a la ordeña clandestina de ductos que transportan combustible. En suma, un escenario de quiebra técnica.

Los directores que ha tenido la petrolera también han contribuido a hacer más grave el problema. En la década de los 80 el entonces senador y ex director de Pemex Jorge Díaz Serrano fue aprehendido por fraude en la compra de dos embarcaciones. Rogelio Montemayor fue señalado por desviar recursos a la campaña priísta de 2000. Raúl Muñoz Leos fue acusado por malversar mil 724 millones de pesos, pero luego de un largo proceso fue exonerado.

Ahora el ex director Emilio Lozoya Austin se encuentra bajo sospecha luego de que ex ejecutivos de la compañía Odebrecht aseguraron que lo sobornaron con 10 millones de dólares para obtener contratos de obra pública. La firma brasileña es parte central de una trama que se extiende por 11 países de América Latina en los cuales entregó dinero a altos personajes gubernamentales para ganar licitaciones. Desde diciembre de 2016 diversos personajes están bajo investigación e incluso presos en naciones latinoamericanas. En México el caso se reavivó por las revelaciones conocidas a inicio de semana.

La percepción de la opinión pública es quizá justificadamente de escepticismo, de que se realice una investigación imparcial y expedita, luego de que en los casos más recientes de corrupción (Javier Duarte, Roberto Borge), se hicieron señalamientos de presuntos malos manejos —cuando aún estaban en sus cargos— sin que hubiera acciones en su contra.

En este caso, la justicia en otros países se ha dado con más rapidez que en México. Lo único que podría paliar la desconfianza ciudadana es un proceso transparente que arroje resultados a la brevedad. El peor escenario para el país sería dejar que corra el tiempo, sin que haya una definición de la PGR.

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