Los esfuerzos del gobierno federal por reducir la inseguridad son insuficientes, ya que persisten los hechos de inseguridad y los casos de impunidad que enfrentan las empresas, lo que significa un costo de 1.7 billones de pesos por inversiones pospuestas, robos y gastos en operativos y dispositivos de seguridad, aseveró el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel Herrera Vega.
El problema “representa para México un costo equivalente a 10 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, aproximadamente 1.7 billones de pesos, por inversiones pospuestas o canceladas, pérdidas por robo de mercancías, vehículos, gastos en sistemas de seguridad y pólizas de seguro, entre otros”, expuso.
El mayor riesgo se presenta en ciudad pequeñas y municipios rurales de zonas conflictivas en donde la actividad económica registra más dificultades para su desarrollo.
“En los últimos años la inseguridad e impunidad han gravitado pesadamente sobre la operación de un número importante de empresas”, lo que genera incertidumbre en los agentes económicos y frena la economía, dijo.
Recordó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2016, la inseguridad y la delincuencia es el problema más grave que enfrentan, ya que las empresas de todos los tamaños han sufrido por la delincuencia.
Herrera Vega señaló que la inseguridad se mantiene como un riesgo elevado para las actividades económicas cuyas actividades se desarrollan fundamentalmente en ciudades pequeñas y municipios rurales de zonas conflictivas.